A pesar de la investidura de Sánchez. A pesar de gritar, por fin, aquello de "habemus presidente". Lo cierto y verdad es que el panorama político no pinta bien. Y no pinta bien, queridísimos lectores, porque estamos ante un hemiciclo de reproches y rencores. De amenazas y amenazados. Y, si me permiten la expresión, de "política barriobajera". Una política, como les digo, afincada en la crítica destructiva, en los insultos y la retórica barata. Y este tipo de política. De política sin formas, me recuerda a algunas discusiones acaloradas entre los clientes del Capri. Discusiones, como les digo, con miradas a la España, en blanco y negro, de los tiempos del caudillo. En la Hispania del siglo XXI, nuestros elegidos hablan de "matones", "fusiles" y "revólveres". Parece que muchos no han entendido, todavía, qué significa el Estado Democrático.

Estamos ante una democracia indirecta. Una democracia representativa donde la participación ciudadana culmina el día de las urnas. Las papeletas determinan los colores del Congreso. Y éstos, el conglomerado de diputados, eligen – desde la legitimidad de sus escaños y el poder de las mayorías – al presidente del Gobierno. Un presidente que, a su vez, designa a sus ministros. Y estos, constituidos, en Consejo proponen, ejecutan y desarrollan las leyes. Estas son, como saben, las reglas del juego. Unas reglas claras y distintas – como diría Descartes si viviera – que entendería hasta el borracho de mi pueblo. Así las cosas, la investidura de un presidente depende de la aritmética. Depende de que en primera votación se obtengan ciento setenta y seis votos a favor o que, en segunda tanda, se obtengan más síes que noes. La legitimidad de un presidente no depende, por tanto, de quiénes conforman las mayorías sino del número, de la consecución de un número mínimo de votos o de síes.

La investidura de Sánchez no incumple las reglas democráticas. Su investidura ha cumplido con los números establecidos y resulta tan legítima como todas las investiduras de los presidentes anteriores. Dicho esto, sorprende que algunos diputados se hayan visto amenazados a la hora de levantar la mano o manifestar su sí en beneficio de Pedro. Amenazados desde las redes sociales y medios de comunicación. Unas amenazas inadmisibles y carentes de fundamento. Carentes de fundamento porque las mayorías – nos gusten más o nos gusten menos – deben ser aceptadas. Y esa aceptación incondicional forma parte de la deportividad democrática. Una aceptación sin odios ni despechos es necesaria para no revivir las "Dos Españas" de Franco. Ahora es el momento de que cada diputado ocupe su lugar. Es el momento de que quienes hayan sido proclamados para gobernar, gobiernen. Y quienes no, ocupen con responsabilidad el lugar asignado. Los insultos y amenazas carecen de sentido en la España democrática.

La eficacia de un Estado de Derecho depende, en último término, del cumplimiento de sus leyes. Las leyes, como saben, tienen color político; unas son más liberales y otras más socialdemócratas. El ordenamiento jurídico surge de la aritmética parlamentaria y esta, a su vez, de la soberanía popular. De tal modo que las leyes, una vez aprobadas, deben contar con mecanismos que garanticen su obediencia. Podemos, faltaría más, criticar el contenido de las mismas. Podemos quejarnos en las plazas y solicitar su derogación. Podemos cambiar el sino de las mayorías parlamentarias por medio de las urnas. Pero, amigas y amigos, de lo que no estamos exentos es de prestar obediencia al contrato social. Por ello, cualquier oveja que se salga de la senda debe ser llamada al orden. Debe ser devuelta al rebaño y, si no es así, por la rebeldía de la misma, establecer su merecido castigo. Así las cosas, sentencias como las de Torra y Junqueras, por ejemplo, deben ser acatadas o recurridas pero nunca desobedecidas.

Para que un Estado de Derecho sea eficaz, aparte del cumplimiento de sus normas, se debe garantizar su independencia. Las togas, que aplican e interpretan las leyes, no deberían mezclar sus agujas con los trajes del Congreso. Cuando la política tose en los platos de las balanzas, estas pierden el equilibrio y precisión que las envuelve. Es por ello que los jueces deberían estar al margen de los asuntos políticos. Y deberían, como les digo, porque como intérpretes legales corren el riesgo de manchar las sentencias con sus tintes ideológicos. Así las cosas, cualquier indicio de inclinación judicial hacia intereses políticos debería ser denunciado por la sociedad civil. Un sistema judicial sometido a ciertas directrices políticas se convierte en un caldo de cultivo para la corrupción y el clientelismo. Las inhabilitaciones de Torra y Junqueras llegan justo el día antes del debate de investidura. Esta cercanía en el tiempo – causal o casual, o como lo quieran llamar – pone en duda, o levanta sospechas, acerca de la supuesta independencia de nuestro sistema judicial.

Otra condición, y llevamos tres, para que un Estado de Derecho sea eficaz es la flexibilidad de sus normas. Se entiende por flexibilidad a la existencia de mecanismos que acerquen la brecha que separa el hecho del derecho. No podemos, a estas alturas del siglo XXI, contar con constituciones rígidas. Constituciones surgidas en el seno de circunstancias históricas distintas a las presentes. Tales normas se convierten en un obstáculo para la realización de la voluntad social. Un obstáculo que desemboca en los puertos de la frustración ciudadana. Por ello es necesario que se habiliten "actualizaciones" de las constituciones vigentes. Actualizaciones que regulen la problemática de los cambios sociales y permitan su ejecución. No deberíamos tachar de antisistemas o anticonstitucionalistas a quienes expresan su voluntad de cambio social. Y no deberíamos, como les digo, porque el inmovilismo legal y político son tóxicos para el progreso. Tóxicos que ponen en evidencia la ineficacia, en este punto, del Estado de Derecho.