En más de una ocasión he defendido a Pedro Sánchez. Y lo he defendido porque su mandato guarda similitudes con el periplo de Zapatero. Ambos apostaron por un avance en los derechos fundamentales. Con el zapaterismo se aprobó la ley del matrimonio homosexual. Una norma muy criticada por la derecha y, en concreto, por Ana Botella. Según la mujer de José María Aznar: "Una manzana y una pera no pueden dar dos manzanas". Hoy, quince años después, la proliferación de parejas gays y lesbianas es un hecho en nuestro país. España ha superado la censura del franquismo y, por fin, la orientación sexual no es motivo de persecuciones y encarcelaciones. Esa ley supuso una evolución en los DDHH. Rompió con los cánones eclesiásticos y ensanchó las libertades. Con el sanchismo se aprueba la "Ley Trans", una norma que permite la elección – libre e incondicionada – del género. Permite elegir la identidad sexual sin necesidad de pasar por el dictamen de ningún facultativo. El género, como diría Sartre o Beauvoir, "se hace, no se nace". Esta ley fortalece los derechos sexuales y supone una consolidación del camino iniciado por ZP.

Con el sanchismo se aprueba la ley de la eutanasia, una norma que permite el derecho a morir ante el dolor que supone el padecimiento de enfermedades incurables. Un derecho, como les digo, que gana la partida, una vez más, al dogma de las sotanas. El derecho a una muerte digna aumenta el abanico de las libertades privadas y nos sitúa en la órbita de países como Holanda. Más allá de este avance democrático, Sánchez ha sacado a Franco del Valle de los Caídos. Y ha sacado, también, a la familia del generalísimo, del Pazo de Meirás. Dos hechos que fortalecen la Ley de Memoria Histórica aprobada por el ejecutivo de Zapatero. Y dos hechos que separan los relatos de la izquierda y la derecha. Tanto Sánchez como Zapatero son buenos negociadores. El segundo negoció el final de la banda terrorista ETA. Consiguió el desarme de la misma y abrió el proceso de paz en Euskadi. Sánchez, por su parte, ha buscado la concordia entre España y Cataluña. Y la ha buscado, primero con el acierto del relator, y ahora con los indultos a los políticos presos del procés. Indultos que invitan al diálogo. A un diálogo, dentro del marco constitucional, que posiblemente reforzará el Estatut y el respeto por el Estado de las Autonomías.

Gracias al sanchismo se han consolidado tareas comenzadas por el zapaterismo. Tareas como la duración, a 16 semanas, del permiso por paternidad. Un permiso que se equipara con la maternidad y nos sitúa muy próximos al modelo escandinavo. Esta equiparación supone un paso al frente en materia de igualdad. Con la mayoría precaria de Sánchez se ha conseguido un aumento del Salario Mínimo Interprofesional. Un aumento impensable durante el periplo de la derecha. El establecimiento del SMI en novecientos cincuenta euros mensuales supera el objetivo de los ochocientos euros, propuestos por Zapatero. Tanto Pedro como José Luis han apostado por los derechos sociales. Derechos que van más allá del reduccionismo económico del Pepé. Con el sanchismo se han conseguido 140.000 millones de fondos europeos. Unos fondos que servirán, si se administran bien,  para reactivar la economía tras un año y medio de pandemia. Y unos fondos que pondrán en valor las teorías de Keynes cuando más las necesitamos.

El otro día, los jóvenes de segundo de bachillerato se presentaron a la PAU, más conocida como la Selectividad. En Filosofía, en la Comunidad Valenciana, preguntaron a Tomás de Aquino, Descartes, Kant y Nietzsche. Contra todo pronóstico, y tras varios años, no salió Platón. El examen, la verdad sea dicha, fue asequible. Nada de textos oscuros y términos excepcionales. Como diría Julio César si levantara la cabeza: "Alea jacta est". La prueba de Lengua y Literatura, por su parte, no estuvo exenta de polémica. El comentario de texto versó sobre "La estirpe de los equidistantes", un artículo de Vicente Vallés; publicado, hace un par de meses, en el diario La Razón. El texto recordaba la figura de Manuel Chaves Nogales, escritor y periodista republicano. A colación del escrito, se hizo la siguiente pregunta: "Escriba un texto en registro formal de entre 200 y 300 palabras en el que desarrolle el siguiente tema: 'En qué consiste para Vd. ser patriota'".

Durantes estos días, he recibido varios correos de jóvenes valencianos. Jóvenes que querían saber "En qué consiste ser patriota", un término – según ellos – alejado del lenguaje político de nuestros días y, por tanto, extraño en sus vidas. Tanto el Tesoro de la Lengua Castellana de Sebastián de Covarrubias de 1611 como el Diccionario de Autoridades de 1726 definen patria como "lugar, ciudad o país en que se ha nacido". Así, con estas fuentes en la mano, "ser patriota" sería algo así como "ser de Alicante, Madrid o Barcelona", por ejemplo. L' Enciclopédie añadió, a la definición anterior, la extensión: "el estado libre del que somos miembros y cuyas leyes garantizan nuestras libertades y nuestra felicidad".  Ser patriota, atendiendo a la connotación ilustrada, sería aquel que vive en un lugar que lo hace libre y feliz. Las autocracias – el franquismo y el nazismo, por ejemplo – quedarían fuera del círculo porque no garantizan, entre otras cosas, la libertad de sus miembros. Ser patriota podría identificarse con "el amor a la libertad" y "el amor a la felicidad". O dicho de otra manera, "ser patriota" sería algo así como "ser demócrata".

A partir de la Revolución Francesa, la patria adquirió mayor carga emocional que el concepto "nación". Ser patriota implicaba: "pasión por la tierra". Pasión por esa tierra natal que garantiza la libertad y felicidad de sus miembros. Una pasión que se canta a ritmo de La Marsellesa y que se esculpe en los altares franceses: "El ciudadano nace, vive y muere por la patria". La patria pasional sirvió a los nacionalismos para construir sus proclamas. En España casi nunca cuajó el "¡Todo por la patria!" del vecino germano. Y no cuajó, queridísimos lectores, porque en este país hay como dijo Sánchez un "Estado plurinacional", un mosaico de "patrias chicas" que eclipsa el grito al unísono de la pasión por España. Y ese conglomerado de "patrias chicas" se convierte en un conflicto intrínseco que afecta a nuestra idiosincrasia histórica. Un conflicto, como les digo, entre patriotas – catalanes, valencianos, vascos, andaluces y gallegos, por ejemplo – que suscita odios y rencores. Existe una contienda de sentimientos y afectos culturales que va más allá de la nacionalidad que aparece en el Documento "Nacional" de Identidad.

Decía Aristóteles que la justicia legal, o general, consistía en la virtud ético-política. De hombres buenos, sociedades buenas y viceversa. No existía, o al menos no debería, una línea que separase los intereses particulares de los políticos. Hoy, sin embargo, las cosas han cambiado. Muchos individuos entran en política con fines lucrativos. Persiguen el interés particular en detrimento del general. Son gente, en muchas ocasiones, sin oficio ni beneficio que avistan en los aparatos una oportunidad de ascenso social y puertas giratorias. La política con fines particulares fue duramente criticada por Max Weber. Decía este sociólogo, de origen alemán, que existen políticos por vocación y políticos por profesión. Para los primeros, la política es un viaje turístico. Un desplazamiento de ida y vuelta. Un viaje cuya finalidad es disfrutar la experiencia del paisaje, Para los segundos, la política es un viaje de negocios. Un viaje para hacer contactos, salir en las fotos y obtener beneficios.

La entrada en política, a fin de cuentas, es una aventura fácil. Fácil porque cualquiera se puede embarcar sin más requisito que la edad. Fácil porque no hace falta acreditar conocimientos legales, ni económicos ni otros académicos. Ni siquiera se necesita un curso que habilite para el ejercicio de la oratoria, retórica o erística, entre otros. Tampoco hace falta saber, qué es el Debe o el Haber u otras vocales contables. Cualquiera puede ostentar la cartera de ministro. Y la puede ostentar sin acreditar competencia alguna en la materia. Se puede ser ministro de sanidad, por ejemplo, sin conocer cómo se organiza un hospital. O ministro de medio ambiente sin distinguir entre Olmo y Abeto. Estamos, queridísimos amigos, ante una clase política que no atiende al principio de equidad, propio de la justicia distributiva. No existe una correlación entre esfuerzo y mérito. El mérito para llegar a ser político no se basa en el esfuerzo sino en la oportunidad del camino. Tanto es así que en la cúspide de los aparatos, no están los mejores sino los adecuados. En muchas ocasiones, la suerte es la responsable de que fulano o mengano empuñen la hojalata de los cetros.

Dentro de los aparatos, el viaje hacia la cima se presenta arduo y peligroso. Arduo porque existen polizones y padrinos. Polizones que desgastan suelas de zapatos, visitan mercadillos y tejen amigos más allá de sus ombligos. Y padrinos que ponen zancadillas, apuestan por sus ahijados y mueven los hilos desde sus camerinos. La política es peligrosa porque existe lucha de sables entre bambalinas. Una lucha de descalificaciones personales, traiciones, conspiraciones y cambios de chaqueta. Son las cloacas de la política. De una política barata, y barriobajera, donde la foto y el postureo eclipsan, cada día, el rigor de la gestión, las ruedas de prensa y los argumentos en la tribuna. Estamos ante una partidocracia, de tintes maquiavélicos. Una partidocracia presa de la transversalidad. El sillón de los políticos está ubicado en una sala con puertas giratorias. Una sala que asoma a múltiples despachos donde confluyen cientos de intereses económicos y personales. Y en ese circuito con curvas, rectas y giros repentinos es donde reside la erótica del poder. Una erótica que pervierte la vocación por lo público y transforma a los humildes en vanidosos.

Hace años, en la sala de profesores del instituto, tuve una conversación intensa con María, una compañera de Geografía e Historia. Apasionada de la política, no entendía por qué seguíamos, en pleno siglo XXI, inmersos en la Guerra Civil. Según ella, la contienda fue algo más que una España dividida entre rojos y azules. Si el conflicto no hubiese derivado en dictadura. Si Franco no se hubiese proclamado "el Generalísimo" por la gracia de Dios, otro gallo hubiera cantado en los corrales de la República. La dictadura, más allá de ausencia de libertades, instauró una ideología conservadora que se fundamentó en una ética cristiana. Los mandamientos del catecismo, el "no cometerás actos impuros", "santificarás las fiestas" y "amarás a Dios sobre todas las cosas", entre otros, abanderaron el credo del franquismo. Tanto que el sexo, sin fines reproductivos, fue prohibido. Y esta prohibición arrastró y criminalizó a cualquier orientación que no fuera heterosexual.

Hoy, la derecha se proclama, en su argumentario,  como liberal y cristiana. Liberal porque defiende los principios del liberalismo – el Estado de Derecho, el sistema de mercado y la división de poderes, entre otros – y cristiana porque comulga con la moral de la Iglesia. Así las cosas, cuando gobierna el PP resurgen las simpatías hacia el catolicismo. Simpatías en forma de la "religión (católica)" como asignatura puntuable en el sistema educativo. Y antipatías – recuérdese a Ana Botella cuando dijo aquello de: "Una pera y una manzana no pueden dar dos manzanas" – contra el matrimonio homosexual. Existe, vaya por Dios, una conexión manifiesta entre el Pepé y la moral católica. Y esa conexión, que no es ni buena ni mala, suscita ambigüedad política. Ambigüedad entre quienes son creyentes y defienden la supremacía del Estado en detrimiento del mercado. Y ambigüedad entre quienes creen en los valores de la familia tradicional y confían en la socialdemocracia. Estamos ante un tipo de votante – miles en toda España – que no se ajusta al pack de la derecha – con el liberalismo cristiano – y que, sin embargo, votan a la gaviota.

Durante cuarenta años de sotanas, Nodos y uniformes, asistimos al castigo del bien más preciado, la libertad. Miles de "rojos", o defensores de los intereses plebeyos, salieron de España. Y salieron antes de que los correveidiles del régimen, los acusaran de traidores, o mejor dicho, de ir contra el franquismo. En el mal llamado "Reino de España" se quedaron los afines a los valores del caudillo, gente que encajaba con las derechas republicanas; nostálgicos de la monarquía y curas aburguesados. Gente conservadora que acudía los sábados a los toros y los domingos a misa. Hoy, esos conservadores conviven con quienes, en su día, emigraron a otros países por cuestiones ideológicas. Y conviven en un terreno de juego donde no hay correveidiles de caudillos, ni discriminación – al menos así lo proclama la Constitución – por razones de clase, creencias, orientación sexual u otra condición sociopolítica. Hoy, en España asistimos a una "Guerra Fría". Una guerra que se desarrolla en las barras de los bares, en los bancos de los parques, en las comidas familiares, en las líneas editoriales, en los platós de televisión y en otros recónditos lugares.

Corría el año 1690 cuando salió publicado el Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, un manuscrito sobre la división de poderes, escrito por John Locke. Frente al Absolutismo Regio, el poder quedaba fraccionado en legislativo, ejecutivo y federativo. Años más tarde, en 1748, Montesquieu escribía El Espíritu de las Leyes, un tratado político donde separaba el poder en ejecutivo, legislativo y judicial. Esa separación tripartita del poder supuso un punto de inflexión entre lo antiguo – la concentración de poderes en una misma figura, defendido por Luis XIV – y lo moderno, la fragmentación del cetro entre parlamentos, togas y ministros. Y también, por qué no, la división entre coronas y sotanas. Hoy, en pleno siglo XXI, todavía existen autocracias que tiran por la borda los postulados contractualistas. Frente a ellas, la separación de poderes ocupa los pergaminos constitucionales de las democracias occidentales.

La separación de poderes, tal y como la plantearon Montesquieu, Rousseau, James Madison, Alexander Hamilton y John Jay, entre otros, siempre tuvo intromisiones. En EEUU, por ejemplo, el presidente tiene la facultad de veto. Biden, en este caso, puede vetar las leyes que cocina la Asamblea Legislativa. En España, el Fiscal General del Estado es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno. La Constitución establece que el CGPJ está formado por veinte vocales, de los cuales, ocho juristas de reconocida competencia son elegidos por el Parlamento. El Gobierno, en situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, puede dictar normas con rango de ley a través de "decretazos". Su Majestad el Rey, previa tramitación por el Ministerio de Justicia, puede ejercer la gracia del indulto y, así, extinguir la responsabilidad penal atribuida al reo. Así las cosas, estamos ante una separación de poderes de corte blando. Una separación donde tienen cabida las injerencias de unos en los asuntos de los otros. Intrusismos que restan valor a la independencia judicial, ejecutiva y legislativa.

Estas intromisiones, permitidas por ley, ocasionan dilemas morales en la opinión pública. Y uno de ellos es el probable indulto a los "políticos presos" del procés. Un indulto que cumple con los requisitos legales – condenados por sentencia firme – pero que divide al hemiciclo entre quienes están a favor y en contra. Más allá de que la derecha esté en contra y el Gobierno a favor; lo que deberíamos analizar es si procede, o no, este instrumento político en nuestro ordenamiento jurídico. Y puestos a opinar, el indulto debería ser reprobado. Y lo debería, queridísimos amigos, porque supone una clara intromisión del poder ejecutivo en el judicial, genera agravios comparativos y atenta contra la seguridad jurídica. No es bueno para un Estado de Derecho que existan prerrogativas penales. No está bien, en términos éticos, que los cetros interrumpan la ejecución de los fallos judiciales. La politización de la justicia deslegitima a los jueces, fomenta el clientelismo y rompe la paz social. No procede, por tanto, el indulto salvo circunstancias muy excepcionales y tasadas ex lege. Y no procede porque el perdón judicial no implica arrepentimiento ni futuras infracciones. Ni siquiera siembra jurisprudencia ante hechos similares.