Corría el año 1690 cuando salió publicado el Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, un manuscrito sobre la división de poderes, escrito por John Locke. Frente al Absolutismo Regio, el poder quedaba fraccionado en legislativo, ejecutivo y federativo. Años más tarde, en 1748, Montesquieu escribía El Espíritu de las Leyes, un tratado político donde separaba el poder en ejecutivo, legislativo y judicial. Esa separación tripartita del poder supuso un punto de inflexión entre lo antiguo – la concentración de poderes en una misma figura, defendido por Luis XIV – y lo moderno, la fragmentación del cetro entre parlamentos, togas y ministros. Y también, por qué no, la división entre coronas y sotanas. Hoy, en pleno siglo XXI, todavía existen autocracias que tiran por la borda los postulados contractualistas. Frente a ellas, la separación de poderes ocupa los pergaminos constitucionales de las democracias occidentales.

La separación de poderes, tal y como la plantearon Montesquieu, Rousseau, James Madison, Alexander Hamilton y John Jay, entre otros, siempre tuvo intromisiones. En EEUU, por ejemplo, el presidente tiene la facultad de veto. Biden, en este caso, puede vetar las leyes que cocina la Asamblea Legislativa. En España, el Fiscal General del Estado es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno. La Constitución establece que el CGPJ está formado por veinte vocales, de los cuales, ocho juristas de reconocida competencia son elegidos por el Parlamento. El Gobierno, en situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, puede dictar normas con rango de ley a través de "decretazos". Su Majestad el Rey, previa tramitación por el Ministerio de Justicia, puede ejercer la gracia del indulto y, así, extinguir la responsabilidad penal atribuida al reo. Así las cosas, estamos ante una separación de poderes de corte blando. Una separación donde tienen cabida las injerencias de unos en los asuntos de los otros. Intrusismos que restan valor a la independencia judicial, ejecutiva y legislativa.

Estas intromisiones, permitidas por ley, ocasionan dilemas morales en la opinión pública. Y uno de ellos es el probable indulto a los "políticos presos" del procés. Un indulto que cumple con los requisitos legales – condenados por sentencia firme – pero que divide al hemiciclo entre quienes están a favor y en contra. Más allá de que la derecha esté en contra y el Gobierno a favor; lo que deberíamos analizar es si procede, o no, este instrumento político en nuestro ordenamiento jurídico. Y puestos a opinar, el indulto debería ser reprobado. Y lo debería, queridísimos amigos, porque supone una clara intromisión del poder ejecutivo en el judicial, genera agravios comparativos y atenta contra la seguridad jurídica. No es bueno para un Estado de Derecho que existan prerrogativas penales. No está bien, en términos éticos, que los cetros interrumpan la ejecución de los fallos judiciales. La politización de la justicia deslegitima a los jueces, fomenta el clientelismo y rompe la paz social. No procede, por tanto, el indulto salvo circunstancias muy excepcionales y tasadas ex lege. Y no procede porque el perdón judicial no implica arrepentimiento ni futuras infracciones. Ni siquiera siembra jurisprudencia ante hechos similares.

Una cosa es la política y otra, bien distinta, son los aparatos. En España, como en casi todos los países, la militancia adolece de autocrítica. Los militantes, aquellos que votan sí o sí por las siglas de su partido, carecen – en la mayoría de las veces – de sinceridad política. Mucha gente, la verdad sea dicha, entra en política no por vocación de servicio público sino para la satisfacción de un interés particular. Y ese interés se materializa en la conquista del poder como un medio para conseguir un fin. Un fin que no es otro que la prosperidad del concejal de turno y los suyos. Prosperidad en forma de estatus social, contactos con el tejido empresarial y escalada en los tentáculos del partido. Existe un lubricante maquiavélico que infecta las cañerías de los aparatos y desprestigia lo político. Y las infecta porque activa el clientelismo. Un clientelismo que rinde tributo al cuñadismo y pone en marcha, de alguna manera, la mercantilización de los votos.

Quienes entran en política, sin vocación de servicio público, se covierten en diamantes en bruto para el sector privado. Las puertas giratorias, o dicho de otro modo, la consecución de puestos de trabajo – cargos de consejeros delegados en grandes filiales de renombre, por ejemplo – hacen que el paso por un ayuntamiento o diputación, para algunos, merezca la pena. Esta forma de entender la política, de ejercer un cargo público sin un interés cívico, contribuye a que la autocrítica no fluya en el seno de los aparatos. Y no fluye, claro que no, porque la adulación al líder se convierte en recompensas futuras. Promesas en forma de puestos agraciados en las listas electorales. Es por ello, queridísimos amigos, por lo que se debería, de una vez por todas, sustituir las listas cerradas por abiertas. Por listas, como les digo, donde el elector racional – aquel que no milita en ningún partido – vote al individuo y no a un pack cocinado por los aparatos. De esta manera, se pondría barreras al campo y se impediría la servidumbre que caracteriza a la partidocracia española.

La militancia no interesa al politólogo. Y no interesa porque, salvo en raras excepciones, no cambia su voto ni abandona el partido. Los militantes son, valga la palabra, "incondicionales" de la política, gente que vota a quien se presente, sea Manolo o Pepito el de los palotes. Que vota a líderes que, en la mayoría de las ocasiones, no son los mejores sino los adecuados. Líderes con padrinos ideológicos. Líderes que entran en política en busca del caramelo. Cuando, tales líderes, son cortejados por los barones de los aparatos se convierten en títeres de barrio. En títeres que son recompensados – tras el varapalo electoral o la pérdida del cetro – por las puertas giratorias. Puertas que se abren, a veces, hacia ideologías contrarias. Que producen giros de la socialdemocracia al liberalismo y viceversa. Tales títeres deberían dimitir y entregar su carné de militante. Y deberían, claro que sí, por coherencia, ética y dignidad democrática.

Hace años, en los pergaminos de este blog, escribía "De Podemos a pudieron", un artículo muy critico con la formación morada. A una semana de que se cumplan diez años del movimiento 15-M, el último reducto de aquellas manifestaciones sociales – Podemos – agoniza tras la dimisión de su líder. Estamos, como diría S.M. ante un "tiempo nuevo". Un "tiempo nuevo" marcado por los efectos nefastos de la pandemia, el combate entre Comunidades Autónomas y el castigo social al transfuguismo. Un "tiempo nuevo" marcado por nuevas narrativas como el feminismo y el ecologismo. Narrativas que tienen su reflejo en los programas electorales de partidos emergentes como Más Madrid, por ejemplo. Estamos ante una España de llantos y gritos. Llantos de un país que llora la muerte del multipartidismo. Y gritos procedentes de miles de desengañados por las proclamas del 15-M.

El resultado electoral de Madrid muestra la punta del iceberg de los cambios sociopolíticos que se vislumbran en el horizonte. Unos cambios que recobran, en la actualidad, los viejos conceptos que han identificado a la izquierda y la derecha. Y entre esos viejos conceptos resalta la libertad. Una libertad que adquiere fuerza por los efectos nefastos del Estado de Alarma. La gente tiene ansias de libertad. Ansias de que se abran las fronteras autonómicas. Ansias de reunión con los familiares y allegados sin límite de miembros. Ansias de enseñar los dientes tras casi un año de mascarillas. Ansias de besar y abrazar sin miedo al contagio. Ansias de que desaparezca la distancia de seguridad. Y ansias, maldita sea, de volver a la vida que teníamos antes de la cuarentena. Ansias, queridísimos amigos, de libertad. Y esa libertad, impregnada en el ideario colectivo, ha sido clave para entender por qué Ayuso, recién llegada a la política y con pocas medallas en su vitrina, haya conseguido llenar las urnas con papeletas peperas.

Si en el 2008, tuvimos una crisis económica. Si el gobierno del PP, abanderado por Rajoy, hizo políticas thatcheristas y aumentó, como nunca, la desigualdad social. Hoy, en la Hispania de 2021, tenemos una crisis de libertad. Una crisis, enmarcada por el Estado de Alarma, que no ha sido uniforme sino variable en función de las políticas llevadas a cabo por las distintas Comunidades Autónomas. Mientras Ximo Puig apostó por la contención, por la restricción de la libertad. Isabel apostó por la libertad. Mientras unos cerraban bares y cortaban las alas a miles de hosteleros y comerciantes. Otros mantenían abiertas sus barras. Barras repletas de ensaladillas y calamares. Esta política, que podríamos llamar populista, siempre ha tenido su recompensa en las citas electorales. Y las ha tenido, queridísimos lectores, porque las restricciones de derechos – aunque sean por una causa justa – no son bien acogidas por la sociedad del ahora. Dentro de unos años, cuando las aguas vuelvan a su cauce, otro gallo cantará en los paraninfos de la izquierda. Será cuando aquellos que hoy votaron libertad pidan a gritos igualdad.