Una de las asignaturas que más me costó sacar en el  grado de sociología fue, si duda alguna, Ecología Humana. Hoy, varios años después, reconozco el valor de aquellos conocimientos. En aquellos tiempos – hace más de una década – ya se hablaba, entre otros temas, del calentamiento global, de especies invasoras, del deshielo y la Ley de Costas. Se abría el debate entre los utópicos – aquellos que creen que los avances tecnológicos mantendrán el planeta a salvo – y los antiutópicos o, dicho de otra manera, los pesimistas con el futuro de la Tierra. En aquellos años, las políticas medioambientales eran algo complementario que no iba va más allá de campañas de conciliación ciudadana y reciclaje de residuos. Hoy, las tornas han cambiado, los efectos del cambio climático acechan nuestras vidas. Y lo hacen con gotas frías, olas de calor, desertización, deforestación, salinización, huracanes y todo tipo de fenómenos atmosféricos. Fenómenos que alteran las características climáticas y ponen en vilo el sino de nuestras vidas. Vidas que transcurren entre miles de contaminantes físicos, químicos y biológicos que, en la mayoría de las ocasiones, causan enfermedades y bajas laborales.

Los efectos del cambio climático ponen en evidencia la desigualdad social de los países. Existen, como saben, colectivos que quieren y no pueden – en contraste con los pudientes – encender el aire acondicionado o la calefacción de sus hogares. En una sociedad de corte mileurista, como la nuestra, la climatización artificial supone un encarecimiento insostenible de la factura de la luz. Tanto es así, que cientos de ancianos han fallecido, en lo que llevamos de verano, por golpes de calor en el interior de sus casas. La ocurrencia de las corbatas – que ya en su día, la tuvo Miguel Sebastián – no deja de ser un brindis al sol. Aunque aflojar el nudo de la corbata suponga liberar calor del cuerpo y conseguir algo de confort térmico. Lo cierto y verdad es que – grado arriba, grado abajo – no es condición suficiente para prescindir del aparato de aire acondicionado. El recurso de la corbata oculta una estrategia política de calado. Gracias a la iniciativa, el discurso ecologista queda enmarcado dentro de las siglas socialistas. En tiempos de cabreo social con el aumento de la temperatura, y la encarecimiento de la luz, cualquier gesto político sirve para construir argumentos de voto. No olvidemos que, junto con el feminismo, el ecologismo es el principal reto que las sociedades deben afrontar de cara a los próximos años.

El discurso ecologista siempre ha sido un asunto relevante de la izquierda. La derecha, afín a los intereses del mercado y su defensa del Estado mínimo, ha sido reacia – en multitud de ocasiones – a que la factura medioambiental sea pagada por las grandes corporaciones. Se ha considerado "lo verde" como algo de “progres utópicos” más que un problema de interés general. El sanchismo, por su parte, han entrado en el campo de batalla. El impuesto a las grandes eléctricas supone un paso al frente para frenar la pobreza energética y el retroceso de la clase media. Un tributo que será eficaz siempre y cuando no repercuta, por la puerta de atrás, en las facturas de los contribuyentes. La carencia, en este país, de un partido verde – al más puro estilo alemán – invita a que la socialdemocracia abarque las inquietudes ecológicas y las introduzca en su catálogo. Esta misma estrategia ya la hizo Más Madrid en las elecciones madrileñas. Y también lo hizo Izquierda Unida con su polémica sobre la carne. Aún así, la lucha por la sostenibilidad del planeta es una cuestión a largo plazo. Una lucha, y esta es la cruz de la moneda, que atenta contra los selfies y la inmediatez del ahora.

Los ERE de Andalucía, lo decía esta mañana en una red social, suponen algo más que dos políticos de renombre entrando en un furgón policial. Detrás de la corrupción existe un presunto sistema que la organiza, dirige y mantiene. Sin ese supuesto entramado sería muy poco probable que algunos fondos públicos corrieran por las cloacas de la política. Para que exista corrupción se necesita complicidad y cadena de favores. Y en esa cadena de favores, queridísimos lectores, circula el silencio. Un silencio, manchado por el dinero, que se convierte en un volcán. Dentro de la malla del secreto, los corruptos gozan de espacios clandestinos. Espacios como restaurantes, apartamentos o retiros donde se tratan acuerdos y repartos. Es en esos contextos donde los canales se convierten en los peores enemigos. Siempre existe el riesgo de que un caballo de Troya sea introducido con micrófonos, teléfonos o cámaras indiscretas.

Las tramas de la corrupción son destapadas, en muchas ocasiones, por la traición. La percepción de una injusticia social, dentro del entramado, saca a la luz aquello que la corrupción esconde. Es precisamente el chivatazo al periodista de turno, o la investigación de oficio por parte de este, quien levanta las alarmas. Casi siempre se produce el mismo modus operandi, un delator deja en paños menores a una serie de hombres y/o mujeres que, durante un tiempo (meses o años), han atentado contra las reglas de juego. Una vez destapada la caja de Pandora, los mismos señalados – por sustraer "el carrito del helado" – es cuando tiran de la manta. Una manta que deja desnudos a gente insospechada que trabaja para los de arriba a cambio de prebendas y otros menesteres. Toda esta miseria, que ocurre en España y cualquier lugar del mundo, es complicada de desarticular sin la presencia de daños a terceros. Dentro de las mallas de la corrupción hay testaferros, encubridores e incluso "hombres de paja" que sirve de puente entre casos, en apariencia, dispares.

Cuando la presunción de inocencia se pierde por la firmeza de una sentencia, la corrupción se pone en evidencia. Es cuando lo que parecía ser verdad, es verdad. Y es cuando se produce el desencanto y desengaño con aquellos que, en su día, se convirtieron en encantadores de serpientes. Para evitar que se articulen redes de corrupción política se deben poner en valor los servicios de control y auditoría. Hace falta que las cuentas públicas sean revisadas por auditores externos a los ayuntamientos o cualquier institución democrática. Hace falta que el portal de transparencia no se convierta en un bunker acorazado por la Ley de Protección de Datos. Es necesario que los cargos políticos no pasen el umbral de los ocho años. Es necesario que haya más periodistas dedicados a la investigación política. Y también es urgente que existan sentencias ejemplares que sirvan de vehículo disuasorio ante posibles corruptelas. La corrupción mancha la ética políitca y hace que se juzguen – por la opinión pública – a justos por pecadores. Se pone en duda el funcionamiento del sistema e insufla sentimientos de desprecio hacia los elegidos.

Corría el año 1997 cuando ETA asesinaba a Miguel Ángel Blanco, concejal del PP en el ayuntamiento de Ermua. Recuerdo que en aquellos tiempos, gobernaba la derecha con José María Aznar a la cabeza. Tiempos, como les digo, donde la marca PSOE estaba por los suelos y el Partido Popular ganaba las elecciones por mayoría simple. Y tiempos donde la banda terrorista nos traía por el camino de la amargura. Una banda que tambaleaba los cimientos del Estado de Derecho y que, a golpe de gatillo, clamaba – entre otros menesteres – el acercamiento de sus presos al País Vasco. Un País Vasco que se convertía en una "zona peligrosa" para el turismo nacional e internacional. Los atentados sacaban los colores al Acuerdo de Madrid sobre Terrorismo, firmado en noviembre de 1987, y al Pacto para la Normalización y Pacificación de Euskadi; más conocido como el Pacto de Ajuria Enea. El buenísimo de los pactos antiterroristas pronto cayó en pozo negro de los partidos.

Durante el periplo de la derecha, la banda terrorista ETA continúo con el hacha y la serpiente. Fue precisamente, José Luis Rodríguez Zapatero – un recién elegido secretario general del PSOE – cuando en el año 2000 propuso el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, más conocido como el Pacto Antiterrorista. Un pacto cuyo objetivo no era otro que la lucha conjunta del bipartidismo contra el terrorismo de ETA. Un pacto que no gozó, en un primer momento, con el beneplácito de Mariano Rajoy pero que finalmente se firmó. El artículo 1 del pacto, decía así: "“El terrorismo es un problema de Estado. Al gobierno de España corresponde dirigir la lucha antiterrorista, pero combatir el terrorismo es una tarea que corresponde a todos los partidos políticos democráticos, estén en el gobierno o en la oposición. Manifestamos nuestra voluntad de eliminar del ámbito de la legítima confrontación política o electoral entre nuestros dos partidos las políticas para acabar con el terrorismo”. El 20 de octubre de 2011, ETA anunciaba el cese definitivo de la actividad armada. Anuncio que se producía dentro de una España gobernada por José Luis Rodríguez Zapatero.

Hoy, veinticinco años después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, se rompe – una vez más – con el sentir general del artículo primero de aquel pacto antiterrorista, orquestado por ZP. Según reza el editorial de ABC – 10 de julio 2022 – "…la presencia de Pedro Sánchez en el homenaje de Ermua provoca muchos sentimientos en las víctimas de ETA. Tiene que asumirlo el presidente del Gobierno, porque viene de pactar con quienes todavía hoy, no han pedido perdón expresamente por cada víctima, ni han repudiado el terrorismo ni condenado los más de novecientos asesinatos cometidos por ETA…". Fue precisamente, el pacto antiterrorista – propuesto por Zapatero – quien sentó las bases sobre la reforma de la Ley de Partidos, que hizo posible la ilegalización de Batasuna. Una ley apta para la ilegalización de cualquier partido que no cumpla con las reglas de juego. Y fue, el gobierno del PSOE, como decíamos atrás, quien puso fin al desarme de la banda terrorista y sembró la paz  en Euskadi. Por ética democrática, se debería respetar – salvo que se demuestre judicialmente lo contrario – la legalidad de los pactos de Gobierno. Pactos surgidos, en última instancia, de la soberanía popular.