El otro día, en su mensaje de Nochebuena, el Rey habló de los males del 2020. Pasó de puntillas por los asuntos de su padre. Fue, la verdad sea dicha, un discurso previsible, moderado y, si me apuran, aburrido. Cada año que pasa, aguanto menos los tradicionalismos. Y los soporto menos, queridísimos amigos, porque son como jarrones chinos. Jarrones que permanecen inmóviles ante el desgaste de la vida. Hay quienes, desde las trincheras mediáticas, dedican tiempo y energía a la defensa de lo tradicional. Dedican tiempo a conservar – y de ahí el término "conservador" – lo que antes fue y ya no es. Ese afán por conservar, entorpece el tránsito del progreso. Aunque quisiéramos que el reloj se detuviera. Aunque quisiéramos ser eternamente jóvenes, las canas nos recuerdan que todo cambia en el devenir de la vida.

En los cimientos de nuestra Constitución hay, aunque cueste reconocerlo, un cierto cemento conservador. Hay, la verdad sea dicha, ciertos jarrones en las vitrinas de su articulado. Jarrones custodiados por los defensores de lo tradicional. Defensores del pasado. Nostálgicos que miran por el retrovisor de las décadas. Y miran con la esperanza. Con la esperanza de que algún día resuciten los cadáveres del ayer. Son contrarios a los virajes políticos, a las pancartas y a todo aquello que suponga, en términos políticos, revolución social. Así las cosas, se proclaman defensores de la familia tradicional, de la moral católica y la monarquía. Si por ellos fuera, seríamos – todavía – la España del "Cuéntame". Una España donde los pobres no sabían leer. Y una España donde el ascensor social permaneció parado durante cuarenta años de Nodos, curas y tricornios. Un ascensor que dejó en el sótano a miles de vidas truncadas por el "querer" y "no poder".

Hoy, la caverna mediática lanza sus dardos envenenados contra los socios del Gobierno. Dardos contra Podemos y los partidos nacionalistas. Dardos contra los "comunistas" y "separatistas". Dardos contra los "bolivarianos", “leninistas” y  "chavistas". Y dardos contra los "rupturistas" y "terroristas". Dardos contra dianas equivocadas. Equivocadas porque, en España, tanto Unidas Podemos como Bildu y ERC, entre otros, son partidos legítimos. Partidos, al fin y al cabo, con sus militantes, simpatizantes y detractores. Y partidos tan legales como el PP, Vox o Ciudadanos, por ejemplo. Dentro del sistema de partidos hay, como en todos los corrales, ideologías dispares. Y esa disparidad forma parte de la democracia. Por ello, aunque todos los partidos sean legales, no todos son tan demócratas como parece. Y no lo son, queridísimos lectores, porque los insultos y descalificaciones personales son síntomas de inmadurez democrática. Síntomas de un país que necesita altitud de miras para que resurja la cultura. Y síntomas de una partidocracia que entiende la política como un juego de suma cero.

La Constitución Española, más allá de reconocer la Monarquía Parlamentaria como forma de Estado. Más allá de hablar de la separación de poderes. Y más allá de tratar los Derechos Fundamentales. Más allá de todo eso, habla del Estado de las Autonomías y de la pluralidad lingüística. Parece ser, según cuenta la historia reciente de este país, que la Carta Magna fue consensuada. Un consenso que supuso la superación de ciertas discrepancias ideológicas. Y un consenso que hizo posible la Transición Democrática. Aún así, hoy – cuarenta y tantos años después – algunos no lo tienen claro. Y por no tenerlo claro, queridísimos lectores, critican al Gobierno por poner en práctica el articulado constitucional. Una crítica, y disculpen por mi enfando,  basada en la demagogia. Y una crítica que se traduce en una falta de respeto a nuestras semillas del Derecho.

La pandemia, como saben, ha puesto en valor el Estado de las Autonomías. Algo que no sucedió en la primera ola y que supuso una ineficiencia en la gestión de los recursos públicos y privados. Deficiencia porque la asimetría territorial del Covid-19 hizo que comunidades como Murcia, por ejemplo, permanecieran confinadas, a cal y canto, a pesar de sus índices bajísimos de incidencia. Este confinamiento, orquestado desde arriba, no tuvo en cuenta la flexibilidad política que supone la delegación "ex lege" del poder ejecutivo. En esta segunda ola, el Gobierno ha gestionado la pandemia desde la comodidad que implica la configuración del poder territorial. Así las cosas, se ha evitado el confinamiento total de la población. Se han evitado los desequilibrios económicos innecesarios y se ha dotado a los poderes autonómicos de márgenes de maniobra. Esta actuación ha sido, duramente, criticada por las derechas. Las mismas que, en tiempos de Suárez, pactaron la Constitución. Y las mismas que confunden – en pleno siglo XXI – gobernanza con falta de gobierno.

Aparte de la pandemia, la Ley Celaá también ha puesto en valor el mandato constitucional. El Estado de las Autonomías trajo consigo el debate de las lenguas. Al parecer, la Constitución Española – consensuada por la mayoría de partidos hoy presentes, no me cansaré de repetirlo – destacó que en España, más allá de hablar Español, también hay otras lenguas arraigadas al territorio. Lenguas que vienen de antaño y que no se pueden silenciar de un plumazo. Son lenguas como el catalán o el euskera, por ejemplo, que forman parte de nuestra realidad geopolítica. Y son lenguas que la Carta Magna otorga el rango de cooficiales. Son por tanto, lenguas vivas y legítimas. Lenguas reconocidas "ex lege" y que, por tanto, suponen un derecho de la ciudadanía. Y lenguas que no son subordinadas o inferiores al español, sino que gozan del mismo estatus legal que este. Dado que la Carta Magna no reconoce la supremacía del castellano con respecto a las "otras". Resulta legítimo, y coherente, que el ciudadano elija la lengua que vehicule sus estudios.

La Transición supuso el paso de una España unionista a una España semifederal. Una España, la de ahora, vertebrada en diecisiete ejecutivos autonómicos. Diecisiete ejecutivos, como les digo, que deben actuar en lo local desde un guión general. Esta estructura territorial permite abordar, con mayor precisión, las diferencias, peculiaridades y controversias de cada territorio. Permite, como dijimos atrás, márgenes de maniobra que no se conseguirían actuando desde el "ordeno y mando" de arriba. Por ello, no resulta muy criticable que cada Comunidad gestione la Navidad con autonomía. Y no lo resulta, queridísimos amigos, porque la virulencia de la pandemia no es igual en Canarias que en Valencia, por ejemplo. Así las cosas, por cuestiones éticas, sería injusto que pagasen justos por pecadores. Y sería muy injusto que comunidades, con pocos casos de Covid-19, tuvieran las mismas restricciones que otras con muchos casos. Los mismos políticos que claman una España unionista, o mejor dicho, sin autonomías deberían mirar a Europa. A una Europa, como saben, a dos velocidades que desde Bruselas aplica el mismo rasero a países diferentes.

El otro día, compré ABC. Aburrido de tanto coronavirus, de tantos índices de contagios y fallecidos, decidí leer un periódico monárquico. Y lo decidí, queridísimos amigos, porque necesitaba saber cómo estaba el tema del Rey emérito – y su hijo – en pleno siglo XXI. En sus páginas, encontré las ideas predecibles que existían, en mi mente, antes de comprarlo. Encontré como los escribas de Julián Quirós (su nuevo director) arrojaban todo su arsenal de retórica aristocrática contra las brisas republicanas. Brisas que, al parecer, dividen al Ejecutivo. Y brisas que, a su vez, dividen a la población entre "afines a la Corona" y "críticos con ella". Según el PSOE, los asuntos personales – en alusión a los supuestos tejes y manejes de don Juan Carlos – no deberían mezclarse con los institucionales. Así las cosas, el juancarlismo se convertiría en una pieza del pasado. Una pieza que no mueve molinos. Y una pieza que no interfiere en las turbinas del ahora.

Más allá de si los asuntos de don Juan Carlos son monárquicos o personales. Lo cierto y verdad es que manchan nuestra imagen internacional y, de alguna manera, desgastan el concepto de Monarquía. Un concepto que, con el paso de los años, debe ser revisado. Dicho concepto tuvo su punto de inflexión en el siglo XVII. En ese siglo – de crisis religiosas, políticas y culturales – se produjo la separación entre fe y monarquía. Se rompió, de una vez por todas, la legitimación del poder por la gracia de Dios. Las monarquías abandonaron el brazo de la Iglesia y, acto seguido, reforzaron su poder para evitar, de alguna manera, el pataleo de los curas. Esa maniobra abrió, como saben, el "Absolutismo Regio".  Un absolutismo que entró en crisis, cien años después, con la Toma de la Bastilla. Fue en ese momento, tras la Revolución Francesa, cuando el concepto de Monarquía adquirió sus connotaciones actuales. Fue cuando el liberalismo irrumpió y se despojó de pooder a las monarquías europeas.

Desde aquel momento, la Corona occidental se convirtió en una institución huérfana de poder. En una institución representativa. Una institución encarnada en reyes que reinan y no gobiernan. Se produjo, como en algunos sitios he defendido, la "contradicción democrática". Contradicción porque las Monarquías Parlamentarias son un híbrido entre pasado y presente. Un híbrido, como les digo, entre sangre azul y plebeya. Y un híbrido, y disculpen la redundancia, entre "herencia genética" y "soberanía popular". Hay, por tanto, una incongruencia en nuestra democracia que la convierte en ambigua y difusa. Y esa ambigüedad se traduce en cierta incomodidad social entre los simpatizantes y detractores de tal contradicción. Estamos, como diríamos ayer, ante un momento histórico de transición. Un momento donde la Monarquía necesita, otra vez, ser reinventada para afrontar los retos del futuro. Y esa transición debería ser tranquila, tolerante y abierta a un debate político y social. Un debate que ponga luz en la contradicción.