El otro día, un todólogo de las tripas televisivas negaba la existencia del cambio climático. Repetía, una y otra vez, el estribillo "siempre ha hecho calor en verano". Echaba por tierra las teorías del calentamiento global y, por si fuera poco, insinuó que "la cosa del clima" era una cortina de humo, confeccionada por el sanchismo, para evitar hablar de "problemas importantes". Este discurso, dicho por un señor con americana y corbata, cala en los mentideros de la calle. Estamos ante un relato que exonera de responsabilidad climática a los políticos y evita, de alguna manera, la creación de impuestos que interfieren en el libre mercado. Más allá de lo que digan, o no, los tertulianos de turno, debemos escuchar los argumentos de la ciencia. Y según la ciencia – el IPCC y la NASA – existe un cambio climático determinado, entre otros factores, por el efecto invernadero artificial, el efecto manta y los máximos históricos sobre concentración de CO2 en la atmósfera. Existen evidencias del calentamiento global como el aumento de la temperatura, el deshielo, el calentamiento de los océanos y el aumento del nivel del mar.
Mientras España arde, nuestros políticos discuten sobre si los incendios son consecuencia del cambio climático o de la ineficacia de las políticas ecológicas. Aunque el cambio climático no sea responsable directo del fuego. No olvidemos que para que un fuego se active se necesita que confluyan tres elementos simultáneos como son combustible, comburente y calor. Ahora bien, el aumento de la temperatura – suscitado por el cambio climático – dificulta la paralización del fuego. Estamos, por tanto, ante un factor añadido que entorpece la lucha contra incendios. Dicho esto, deberíamos tomar conciencia de ello y evitar el negacionismo climático. Una vez, superada la "ideologización climática", estaremos en condiciones de realizar un Pacto de Estado contra el Cambio Climático (PECC). Un pacto deje a un lado "el oportunismo climático" y busque soluciones contra la tragedia. Ese pacto junto con la aplicación estricta de la Ley de Montes, aprobada en el 2003, supondría un avance en la prevención y protección del riesgo de fuego. Ese pacto necesitaría, lógicamente, la creación de impuestos medioambientales para su dotación presupuestaria.
La lucha contra los incendios implica la detección, prevención y protección del riesgo del fuego. La detección incluye el trazado de un mapa con la detección de posibles riesgos y su calificación. A continuación, establecimiento de medidas preventivas ante tales riesgos. Medidas como limpieza cíclica de montes, vigilancia permanente – mediante medios técnicos y humanos -, campañas de sensibilización medioambiental, cortafuegos y control de las poblaciones adyacentes. Finalmente, medidas de protección para desarticular, en la mayor brevedad posible, el triángulo del fuego. Es urgente extinguir los incendios mediante estrategias simultáneas e integrales que desarticulen el fuego desde la erradicación del combustible, la sofocación y el control de la propagación. Hace falta menos retórica política y más acción conjunta. Una España desértica supondría una catástrofe para la supervivencia del conjunto de los seres vivos. De ahí la necesidad de tomar conciencia organicista o, dicho de otra manera, de sistema organizado ante la tragedia.
