Los ERE de Andalucía, lo decía esta mañana en una red social, suponen algo más que dos políticos de renombre entrando en un furgón policial. Detrás de la corrupción existe un presunto sistema que la organiza, dirige y mantiene. Sin ese supuesto entramado sería muy poco probable que algunos fondos públicos corrieran por las cloacas de la política. Para que exista corrupción se necesita complicidad y cadena de favores. Y en esa cadena de favores, queridísimos lectores, circula el silencio. Un silencio, manchado por el dinero, que se convierte en un volcán. Dentro de la malla del secreto, los corruptos gozan de espacios clandestinos. Espacios como restaurantes, apartamentos o retiros donde se tratan acuerdos y repartos. Es en esos contextos donde los canales se convierten en los peores enemigos. Siempre existe el riesgo de que un caballo de Troya sea introducido con micrófonos, teléfonos o cámaras indiscretas.

Las tramas de la corrupción son destapadas, en muchas ocasiones, por la traición. La percepción de una injusticia social, dentro del entramado, saca a la luz aquello que la corrupción esconde. Es precisamente el chivatazo al periodista de turno, o la investigación de oficio por parte de este, quien levanta las alarmas. Casi siempre se produce el mismo modus operandi, un delator deja en paños menores a una serie de hombres y/o mujeres que, durante un tiempo (meses o años), han atentado contra las reglas de juego. Una vez destapada la caja de Pandora, los mismos señalados – por sustraer "el carrito del helado" – es cuando tiran de la manta. Una manta que deja desnudos a gente insospechada que trabaja para los de arriba a cambio de prebendas y otros menesteres. Toda esta miseria, que ocurre en España y cualquier lugar del mundo, es complicada de desarticular sin la presencia de daños a terceros. Dentro de las mallas de la corrupción hay testaferros, encubridores e incluso "hombres de paja" que sirve de puente entre casos, en apariencia, dispares.

Cuando la presunción de inocencia se pierde por la firmeza de una sentencia, la corrupción se pone en evidencia. Es cuando lo que parecía ser verdad, es verdad. Y es cuando se produce el desencanto y desengaño con aquellos que, en su día, se convirtieron en encantadores de serpientes. Para evitar que se articulen redes de corrupción política se deben poner en valor los servicios de control y auditoría. Hace falta que las cuentas públicas sean revisadas por auditores externos a los ayuntamientos o cualquier institución democrática. Hace falta que el portal de transparencia no se convierta en un bunker acorazado por la Ley de Protección de Datos. Es necesario que los cargos políticos no pasen el umbral de los ocho años. Es necesario que haya más periodistas dedicados a la investigación política. Y también es urgente que existan sentencias ejemplares que sirvan de vehículo disuasorio ante posibles corruptelas. La corrupción mancha la ética políitca y hace que se juzguen – por la opinión pública – a justos por pecadores. Se pone en duda el funcionamiento del sistema e insufla sentimientos de desprecio hacia los elegidos.

Corría el año 1997 cuando ETA asesinaba a Miguel Ángel Blanco, concejal del PP en el ayuntamiento de Ermua. Recuerdo que en aquellos tiempos, gobernaba la derecha con José María Aznar a la cabeza. Tiempos, como les digo, donde la marca PSOE estaba por los suelos y el Partido Popular ganaba las elecciones por mayoría simple. Y tiempos donde la banda terrorista nos traía por el camino de la amargura. Una banda que tambaleaba los cimientos del Estado de Derecho y que, a golpe de gatillo, clamaba – entre otros menesteres – el acercamiento de sus presos al País Vasco. Un País Vasco que se convertía en una "zona peligrosa" para el turismo nacional e internacional. Los atentados sacaban los colores al Acuerdo de Madrid sobre Terrorismo, firmado en noviembre de 1987, y al Pacto para la Normalización y Pacificación de Euskadi; más conocido como el Pacto de Ajuria Enea. El buenísimo de los pactos antiterroristas pronto cayó en pozo negro de los partidos.

Durante el periplo de la derecha, la banda terrorista ETA continúo con el hacha y la serpiente. Fue precisamente, José Luis Rodríguez Zapatero – un recién elegido secretario general del PSOE – cuando en el año 2000 propuso el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, más conocido como el Pacto Antiterrorista. Un pacto cuyo objetivo no era otro que la lucha conjunta del bipartidismo contra el terrorismo de ETA. Un pacto que no gozó, en un primer momento, con el beneplácito de Mariano Rajoy pero que finalmente se firmó. El artículo 1 del pacto, decía así: "“El terrorismo es un problema de Estado. Al gobierno de España corresponde dirigir la lucha antiterrorista, pero combatir el terrorismo es una tarea que corresponde a todos los partidos políticos democráticos, estén en el gobierno o en la oposición. Manifestamos nuestra voluntad de eliminar del ámbito de la legítima confrontación política o electoral entre nuestros dos partidos las políticas para acabar con el terrorismo”. El 20 de octubre de 2011, ETA anunciaba el cese definitivo de la actividad armada. Anuncio que se producía dentro de una España gobernada por José Luis Rodríguez Zapatero.

Hoy, veinticinco años después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, se rompe – una vez más – con el sentir general del artículo primero de aquel pacto antiterrorista, orquestado por ZP. Según reza el editorial de ABC – 10 de julio 2022 – "…la presencia de Pedro Sánchez en el homenaje de Ermua provoca muchos sentimientos en las víctimas de ETA. Tiene que asumirlo el presidente del Gobierno, porque viene de pactar con quienes todavía hoy, no han pedido perdón expresamente por cada víctima, ni han repudiado el terrorismo ni condenado los más de novecientos asesinatos cometidos por ETA…". Fue precisamente, el pacto antiterrorista – propuesto por Zapatero – quien sentó las bases sobre la reforma de la Ley de Partidos, que hizo posible la ilegalización de Batasuna. Una ley apta para la ilegalización de cualquier partido que no cumpla con las reglas de juego. Y fue, el gobierno del PSOE, como decíamos atrás, quien puso fin al desarme de la banda terrorista y sembró la paz  en Euskadi. Por ética democrática, se debería respetar – salvo que se demuestre judicialmente lo contrario – la legalidad de los pactos de Gobierno. Pactos surgidos, en última instancia, de la soberanía popular.

La victoria de Moreno Bonilla invita a varias lecturas. Y esa es la tarea de nosotros, los politólogos. Nuestra tarea, no es otra, que realizar un análisis multivariable de los resultados electorales. Un análisis, como les digo, que vaya más allá de los sesgos mediáticos. Existen, por tanto, diversas explicaciones sobre la pérdida electoral del bastión socialista. La primera, y no por ello preferente, sería la crisis de liderazgo del partido socialista. Un liderazgo – el de Espadas – que no ha contrarrestado la popularidad de Susana Díaz, ni tampoco ha estado a la altura de Moreno. Ante esta lectura, el PSOE-A debería abrir un proceso de primarias que ponga sobre la mesa nuevas caras frente a las tradicionales. Otra interpretación de la victoria del PP pasa por la desaparición de Ciudadanos. El descalabro del que fuera el partido de Albert Rivera ha sido en beneficio de la marca original. Moreno Bonilla ha recogido a los desencantados del naranja; una organización política que se desangra a lo largo y ancho de toda España.

El PSOE no ha conquistado al votante moderado. Sus pactos con la extrema izquierda – tanto a nivel nacional como en diversos feudos regionales – ha suscitado que el votante indeciso inclinara su sino hacia una derecha descafeinada. Y digo descafeinada porque el "efecto Feijóo" ha hecho mella en la identidad del partido. El nuevo inquilino de Génova ha conseguido, en muy poco tiempo, construir un relato moderado y reformista frente al radicalismo de las fuerzas extremistas. Esa nueva percepción ha jugado a favor de Moreno. Tanto que ha orillado a Vox y lo ha expulsado de los cuadros de mando. Así las cosas, el PP ha hecho leña del árbol caído. Ha recogido a los náufragos de Ciudadanos y los exiliados del PP, los mismos que se fueron a las tierras de Abascal. Este resultado – de victoria histórica del PP – abre un nuevo ciclo político regional con altas probabilidades de extrapolación a la parrilla nacional. Se abre un regreso a los rodillos. Una vuelta al sistema bipartidista de los tiempos felipistas. Estamos, una vez más, ante la España del turnismo que tanto criticó Galdós.

Y la última lectura, y no por ello menos importante, es la caída del PSOE-A. Cae el partido de Sánchez y cae, por si fuera poco, en el buque insignia del socialismo español. Cae en Andalucía. Y cae, entre otras razones, por el desgaste del gobierno central, la crisis de liderazgo en Andalucía y la herida de los tiempos de Chávez y Griñán. El partido del puño y la rosa no ha sabido conquistar a la clase media andaluza. Una clase media que ha percibido un mejor horizonte en las políticas liberales en detrimento de las socialdemócratas. Y lo ha percibido, entre otras cosas, por la crisis económica que atraviesa la nación. Una crisis que se manifiesta en una alta inflación, déficit de materias primas y unas relaciones internacionales tensas y complicadas por la guerra de Putin. Así las cosas, el sanchismo queda muy tocado por la victoria de Moreno. Un golpe que se magnifica con la dimisión de Mónica Oltra, y por tanto la crisis inmediata del pacto de gobierno, en la Comunidad Valenciana. Estamos ante un tablero político donde sus fichas se ponen de cara para la derecha. No obstante, todavía queda un año y medio para las elecciones generales. Durante este periodo, es muy probable, que la derecha articule el mantra de "la culpa – de todos los males – es de Sánchez". Lo mismo que hizo con ZP y tanto beneficio le reportó. Atentos.