Corría el año 1997 cuando ETA asesinaba a Miguel Ángel Blanco, concejal del PP en el ayuntamiento de Ermua. Recuerdo que en aquellos tiempos, gobernaba la derecha con José María Aznar a la cabeza. Tiempos, como les digo, donde la marca PSOE estaba por los suelos y el Partido Popular ganaba las elecciones por mayoría simple. Y tiempos donde la banda terrorista nos traía por el camino de la amargura. Una banda que tambaleaba los cimientos del Estado de Derecho y que, a golpe de gatillo, clamaba – entre otros menesteres – el acercamiento de sus presos al País Vasco. Un País Vasco que se convertía en una "zona peligrosa" para el turismo nacional e internacional. Los atentados sacaban los colores al Acuerdo de Madrid sobre Terrorismo, firmado en noviembre de 1987, y al Pacto para la Normalización y Pacificación de Euskadi; más conocido como el Pacto de Ajuria Enea. El buenísimo de los pactos antiterroristas pronto cayó en pozo negro de los partidos.
Durante el periplo de la derecha, la banda terrorista ETA continúo con el hacha y la serpiente. Fue precisamente, José Luis Rodríguez Zapatero – un recién elegido secretario general del PSOE – cuando en el año 2000 propuso el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, más conocido como el Pacto Antiterrorista. Un pacto cuyo objetivo no era otro que la lucha conjunta del bipartidismo contra el terrorismo de ETA. Un pacto que no gozó, en un primer momento, con el beneplácito de Mariano Rajoy pero que finalmente se firmó. El artículo 1 del pacto, decía así: "“El terrorismo es un problema de Estado. Al gobierno de España corresponde dirigir la lucha antiterrorista, pero combatir el terrorismo es una tarea que corresponde a todos los partidos políticos democráticos, estén en el gobierno o en la oposición. Manifestamos nuestra voluntad de eliminar del ámbito de la legítima confrontación política o electoral entre nuestros dos partidos las políticas para acabar con el terrorismo”. El 20 de octubre de 2011, ETA anunciaba el cese definitivo de la actividad armada. Anuncio que se producía dentro de una España gobernada por José Luis Rodríguez Zapatero.
Hoy, veinticinco años después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, se rompe – una vez más – con el sentir general del artículo primero de aquel pacto antiterrorista, orquestado por ZP. Según reza el editorial de ABC – 10 de julio 2022 – "…la presencia de Pedro Sánchez en el homenaje de Ermua provoca muchos sentimientos en las víctimas de ETA. Tiene que asumirlo el presidente del Gobierno, porque viene de pactar con quienes todavía hoy, no han pedido perdón expresamente por cada víctima, ni han repudiado el terrorismo ni condenado los más de novecientos asesinatos cometidos por ETA…". Fue precisamente, el pacto antiterrorista – propuesto por Zapatero – quien sentó las bases sobre la reforma de la Ley de Partidos, que hizo posible la ilegalización de Batasuna. Una ley apta para la ilegalización de cualquier partido que no cumpla con las reglas de juego. Y fue, el gobierno del PSOE, como decíamos atrás, quien puso fin al desarme de la banda terrorista y sembró la paz en Euskadi. Por ética democrática, se debería respetar – salvo que se demuestre judicialmente lo contrario – la legalidad de los pactos de Gobierno. Pactos surgidos, en última instancia, de la soberanía popular.
Ramón
/ 11 julio, 2022«Una ley apta para la ilegalización de cualquier partido que no cumpla con las reglas de juego.»
¿Y porqué no han ilegalizado al PP? Claro que a lo mejor el quid de la cuestión está en la interpretación que se haga de «las reglas del juego».