El otro día, un periodista – lector del blog desde hace años – me pedía una pieza sobre la amnistía. Hoy, tras conocer la expulsión de Nicolás Redondo de las filas socialistas, he reflexionado al respecto. Nunca, por mi carácter controvertido y, en ocasiones, contradictorio, he militado en ningún partido. Pienso que mi "pack mental" no se ajusta, al cien por cien, al pack de ningún partido. Y ello, lo digo, en vísperas de la investidura. La amnistía borra la huella del delito. Estamos ante un recurso político – y "jurídico" – que permite la retroactividad de la presunción de inocencia hasta momentos previos del hecho causante. De tal manera que una hipotética "condonación de la deuda" a los artífices del “procés”, supondría un borrón y cuenta nueva. Estaríamos ante una "cosa" no juzgada y, por tanto, susceptible de ser encausada ante futuros desvíos. Hoy, el dilema moral, que tiene el PSOE no sería tal si pidiera consejo a Maquiavelo.
El pacto con Junts lleva consigo la firma de un contrato con cláusulas de supuesta ilegalidad. Si fuéramos juristas, diríamos que estamos ante un documento nulo. Tanto el referéndum para decidir la independencia de Cataluña como la amnistía de los acusados por la declaración, ilegal, de independencia son dos condiciones de dudosa constitucionalidad. Tanto es así que el partido de la rosa está dividido entre quienes defienden un "sanchismo" a cualquier precio y quienes – como Felipe González, Alfonso Guerra y Nicolás Redondo, entre otros – critican el mismo por la injustificación de sus medios para la consecución de sus fines. Hoy, la historia sería otra, si el PSOE y el PP alcanzasen un pacto de Estado. Dicho pacto alejaría de los sillones a quienes abusan de sus minorías. A quienes piden la "luna" sin tener en cuenta el coste de su alcance. La Ley Electoral establece, como sabemos, que el Gobierno viene determinado por la geometría del Congreso. El Ejecutivo no lo ostenta quienes ganan las elecciones, sino quienes consiguen el aval de la cámara para empuñar el cetro de la Moncloa. Otra cosa, bien distinta, sería el gobierno de la lista más votada. Aún así ese gobierno chocaría – en caso de no ostentar la mayoría absoluta – con hemiciclos compuestos por mayorías alternativas que gobernarían en la sombra.
La convocatoria de elecciones sería una alternativa. Por un lado, evitaría un pacto antinatura y por otro, cortaría las alas a los nacionalistas. Una nueva cita con las urnas tampoco garantizaría un escenario muy diferente al que tenemos. Escaño arriba, escaño abajo, los independentistas – salvo una mayoría absoluta de cualquier partido de centro – seguirían con la llave de palacio. Una llave que nos haría pasar – como lo llevamos haciendo durante cuarenta años de democracia – por su aro. Luego, Sánchez está en la encrucijada. Si no pacta con ellos, corre el riesgo de que – tras una supuesta cita electoral – el PP gobierne con la ultraderecha. Algo que enojaría a una parte del electorado socialista. No olvidemos que en el seno del PSOE hay una buena parte de simpatizantes que apoyan la amnistía. La amnistía, por mucho que nos cueste asumirlo, ha sido utilizada por otros gobiernos. Rajoy promovió una amnistía fiscal diseñada por Montoro. Una amnistía que fue declarada nula por el Tribunal Constitucional. Así las cosas, lo más sensato sería que las negociaciones de una posible investidura cabalgasen dentro de la legalidad vigente. Si no se hace, si se cede ante las exigencias de los independentistas, Rousseau, Voltaire y Montesquieu no tendrán sentido en el siglo XXI.
