La Constitución reconoce, como saben, el derecho a un "salario digno". Se entiende por "digno" aquel salario que permite cubrir las necesidades básicas de la vida sin agobios ni excesos. Para garantizar dicha "dignidad salarial", en España – y en muchos países de Europa – existe el Salario Mínimo Profesional (SMI). Tanto Manolo – el barrendero de Alicante – como Jacinto – el diputado de Aragón – deben cobrar el mismo mínimo salarial. Y lo deben cobrar, más allá de las fluctuaciones del mercado. Esta intervención estatal, en el mercado de trabajo, minimiza los riesgos de la precariedad laboral, evita el deterioro de la clase media y frena, de alguna manera, la brecha salarial. El salario mínimo contribuye, de este modo, al mantenimiento de la igualdad social en detrimento de la libertad empresarial. Es necesario, por tanto, que el SMI obedezca al mandato constitucional. Un mandato que debería ir más allá de los intereses políticos del momento.
Desde la crítica, debemos analizar las luces y sombras de las subidas del SMI previstas por el Gobierno. Unas subidas que sitúan, en un horizonte próximo, el salario mínimo en un 60% con respecto al salario medio. Dichas subidas se manifiestan como las más agudas de la serie histórica. Y dichas subidas han sido, como cabía esperar, muy mal acogidas por parte de la patronal. Según esta entidad, el aumento del salario mínimo conllevará a una pérdida de competitividad económica. Una pérdida que activará el aumento de la economía sumergida. Según la élite empresarial, los productos españoles compiten en un mercado global. En un mercado donde los máximos rivales son los "tigres asiáticos". Países donde parte de su "éxito" no es otro que sus salarios bajos y la vulneración de los derechos fundamentales. Un dato que pasa desapercibido para los intereses del consumo y que, sin lugar a dudas, está detrás de las críticas vertidas por las voces liberales.
Más allá de la narrativa de arriba, la subida del SMI no debería ser tan catastrófica para nuestra economía. Y no debería, estimados lectores, porque más dinero en el bolsillo supone más consumo. Y más consumo, más producción. Y más producción, más empleo. Fue Henry Ford quien decidió aumentar sus costes laborales. Elevó, de manera considerable, el salario de sus empleados y consiguió, así, revolucionar el sector del automóvil. El aumento del poder adquisitivo permitió que el coche, que era un artículo de lujo al alcance de unos pocos, se convirtiera en un producto al servicio de las masas. Un hecho que trajo consigo beneficios indirectos para la economía. Beneficios en forma de construcción de carreteras, desarrollo de industrias auxiliares y movilidad laboral. La subida del SMI se convierte en una oportunidad para salir de la cárcel del mileurismo. Un mileurismo que obstaculiza el crecimiento, ralentiza el consumo pesado y perpetúa la riqueza en los mismos de siempre.
