Un tema que imparto a mis alumnos, de Valores Éticos, es "la dignidad". Para explicar el concepto, suelo comenzar el tema con la siguiente pregunta: "¿qué producto tiene menos valor en el mercado: las manzanas o los diamantes?" Por unanimidad, la clase suele responder "las manzanas". Y responden "las manzanas" atendiendo a la Ley de la Demanda. La abundancia de un producto infravalora su precio en el mercado. Los diamantes escasean. Y esa escasez hace que, en la subasta de su adquisición, suba el precio de los mismos. Las personas, si estuviéramos en venta, tendríamos más valor que los diamantes. Y lo tendríamos porque somos únicas e irrepetibles. Esa autenticidad que nos distingue de los otros tiene un valor. Y ese valor es la dignidad. Una dignidad que necesita ser defendida ante las posibles invasiones de los demás. Invasiones que vulneran nuestra integridad.

El populismo, sea de izquierdas o de derechas, atenta contra la dignidad. Y atenta porque fomenta actitudes xenófobas y racistas. Estas actitudes son edificadas mediante los ladrillos del lenguaje político. Este lenguaje construye relatos, en ocasiones pseudológicos, para conseguir fidelidades ideológicas. Estas fidelidades están elaboradas, a su vez, con falacias, bulos, fake news y demás retórica barata. Son fidelidades creadas con argumentos tóxicos y, en su mayoría, carentes de sentido. La xenofobia – por ejemplo – se convierte en admisible. Y se admite a pesar de ser un atentado, en toda regla, contra la dignidad. Esta admisión revierte los códigos éticos de ciertos sectores sociales. Tanto es así que la xenofobia se contempla, e institucionaliza, como buena. Y se contempla así porque el inmigrante es percibido como una amenaza para el bienestar de "los nuestros". Una "amenaza" que pone en riesgo el estatus social. Y una "amenza" que insufla malestar en ciertos grupos de la sociedad.

La actitud xenófoba – fomentada desde arriba y aplaudida desde abajo – se transmite y contagia a través del lenguaje. Un lenguaje que canaliza los sentimientos de odio y repulsa a través de la palabra. El inmigrante se percibe como aquel que viene a "robar el trabajo". Como aquel que viene a "consumir sanidad pública con el sudor de nuestros impuestos". Como aquel que viene a "alterar las calles de nuestros pueblos". Como aquel que viene a "educar a los suyos". Como aquel que viene a "escalar en lo social y desescalar a los de dentro". Esta temeridad transciende lo personal y enarbola lo patriótico. Tanto que deslegitima a los partidos, asociaciones y fundaciones que fomentan la integración social. Y tanto que criminaliza a las instituciones jurídicas que defienden la dignidad como garantía constitucional. De tal modo que la actitud xenófoba se convierte en un volcán en erupción. Un volcán que enfrenta a los códigos éticos de una nación. Un volcán que extiende su lava por los cimientos del Estado de Derecho. Y un volcán que destruye la dignidad.

El otro día, en su mensaje de Nochebuena, el Rey habló de los males del 2020. Pasó de puntillas por los asuntos de su padre. Fue, la verdad sea dicha, un discurso previsible, moderado y, si me apuran, aburrido. Cada año que pasa, aguanto menos los tradicionalismos. Y los soporto menos, queridísimos amigos, porque son como jarrones chinos. Jarrones que permanecen inmóviles ante el desgaste de la vida. Hay quienes, desde las trincheras mediáticas, dedican tiempo y energía a la defensa de lo tradicional. Dedican tiempo a conservar – y de ahí el término "conservador" – lo que antes fue y ya no es. Ese afán por conservar, entorpece el tránsito del progreso. Aunque quisiéramos que el reloj se detuviera. Aunque quisiéramos ser eternamente jóvenes, las canas nos recuerdan que todo cambia en el devenir de la vida.

En los cimientos de nuestra Constitución hay, aunque cueste reconocerlo, un cierto cemento conservador. Hay, la verdad sea dicha, ciertos jarrones en las vitrinas de su articulado. Jarrones custodiados por los defensores de lo tradicional. Defensores del pasado. Nostálgicos que miran por el retrovisor de las décadas. Y miran con la esperanza. Con la esperanza de que algún día resuciten los cadáveres del ayer. Son contrarios a los virajes políticos, a las pancartas y a todo aquello que suponga, en términos políticos, revolución social. Así las cosas, se proclaman defensores de la familia tradicional, de la moral católica y la monarquía. Si por ellos fuera, seríamos – todavía – la España del "Cuéntame". Una España donde los pobres no sabían leer. Y una España donde el ascensor social permaneció parado durante cuarenta años de Nodos, curas y tricornios. Un ascensor que dejó en el sótano a miles de vidas truncadas por el "querer" y "no poder".

Hoy, la caverna mediática lanza sus dardos envenenados contra los socios del Gobierno. Dardos contra Podemos y los partidos nacionalistas. Dardos contra los "comunistas" y "separatistas". Dardos contra los "bolivarianos", “leninistas” y  "chavistas". Y dardos contra los "rupturistas" y "terroristas". Dardos contra dianas equivocadas. Equivocadas porque, en España, tanto Unidas Podemos como Bildu y ERC, entre otros, son partidos legítimos. Partidos, al fin y al cabo, con sus militantes, simpatizantes y detractores. Y partidos tan legales como el PP, Vox o Ciudadanos, por ejemplo. Dentro del sistema de partidos hay, como en todos los corrales, ideologías dispares. Y esa disparidad forma parte de la democracia. Por ello, aunque todos los partidos sean legales, no todos son tan demócratas como parece. Y no lo son, queridísimos lectores, porque los insultos y descalificaciones personales son síntomas de inmadurez democrática. Síntomas de un país que necesita altitud de miras para que resurja la cultura. Y síntomas de una partidocracia que entiende la política como un juego de suma cero.

La Constitución Española, más allá de reconocer la Monarquía Parlamentaria como forma de Estado. Más allá de hablar de la separación de poderes. Y más allá de tratar los Derechos Fundamentales. Más allá de todo eso, habla del Estado de las Autonomías y de la pluralidad lingüística. Parece ser, según cuenta la historia reciente de este país, que la Carta Magna fue consensuada. Un consenso que supuso la superación de ciertas discrepancias ideológicas. Y un consenso que hizo posible la Transición Democrática. Aún así, hoy – cuarenta y tantos años después – algunos no lo tienen claro. Y por no tenerlo claro, queridísimos lectores, critican al Gobierno por poner en práctica el articulado constitucional. Una crítica, y disculpen por mi enfando,  basada en la demagogia. Y una crítica que se traduce en una falta de respeto a nuestras semillas del Derecho.

La pandemia, como saben, ha puesto en valor el Estado de las Autonomías. Algo que no sucedió en la primera ola y que supuso una ineficiencia en la gestión de los recursos públicos y privados. Deficiencia porque la asimetría territorial del Covid-19 hizo que comunidades como Murcia, por ejemplo, permanecieran confinadas, a cal y canto, a pesar de sus índices bajísimos de incidencia. Este confinamiento, orquestado desde arriba, no tuvo en cuenta la flexibilidad política que supone la delegación "ex lege" del poder ejecutivo. En esta segunda ola, el Gobierno ha gestionado la pandemia desde la comodidad que implica la configuración del poder territorial. Así las cosas, se ha evitado el confinamiento total de la población. Se han evitado los desequilibrios económicos innecesarios y se ha dotado a los poderes autonómicos de márgenes de maniobra. Esta actuación ha sido, duramente, criticada por las derechas. Las mismas que, en tiempos de Suárez, pactaron la Constitución. Y las mismas que confunden – en pleno siglo XXI – gobernanza con falta de gobierno.

Aparte de la pandemia, la Ley Celaá también ha puesto en valor el mandato constitucional. El Estado de las Autonomías trajo consigo el debate de las lenguas. Al parecer, la Constitución Española – consensuada por la mayoría de partidos hoy presentes, no me cansaré de repetirlo – destacó que en España, más allá de hablar Español, también hay otras lenguas arraigadas al territorio. Lenguas que vienen de antaño y que no se pueden silenciar de un plumazo. Son lenguas como el catalán o el euskera, por ejemplo, que forman parte de nuestra realidad geopolítica. Y son lenguas que la Carta Magna otorga el rango de cooficiales. Son por tanto, lenguas vivas y legítimas. Lenguas reconocidas "ex lege" y que, por tanto, suponen un derecho de la ciudadanía. Y lenguas que no son subordinadas o inferiores al español, sino que gozan del mismo estatus legal que este. Dado que la Carta Magna no reconoce la supremacía del castellano con respecto a las "otras". Resulta legítimo, y coherente, que el ciudadano elija la lengua que vehicule sus estudios.

La Transición supuso el paso de una España unionista a una España semifederal. Una España, la de ahora, vertebrada en diecisiete ejecutivos autonómicos. Diecisiete ejecutivos, como les digo, que deben actuar en lo local desde un guión general. Esta estructura territorial permite abordar, con mayor precisión, las diferencias, peculiaridades y controversias de cada territorio. Permite, como dijimos atrás, márgenes de maniobra que no se conseguirían actuando desde el "ordeno y mando" de arriba. Por ello, no resulta muy criticable que cada Comunidad gestione la Navidad con autonomía. Y no lo resulta, queridísimos amigos, porque la virulencia de la pandemia no es igual en Canarias que en Valencia, por ejemplo. Así las cosas, por cuestiones éticas, sería injusto que pagasen justos por pecadores. Y sería muy injusto que comunidades, con pocos casos de Covid-19, tuvieran las mismas restricciones que otras con muchos casos. Los mismos políticos que claman una España unionista, o mejor dicho, sin autonomías deberían mirar a Europa. A una Europa, como saben, a dos velocidades que desde Bruselas aplica el mismo rasero a países diferentes.