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El valor de las autonomías

La Constitución Española, más allá de reconocer la Monarquía Parlamentaria como forma de Estado. Más allá de hablar de la separación de poderes. Y más allá de tratar los Derechos Fundamentales. Más allá de todo eso, habla del Estado de las Autonomías y de la pluralidad lingüística. Parece ser, según cuenta la historia reciente de este país, que la Carta Magna fue consensuada. Un consenso que supuso la superación de ciertas discrepancias ideológicas. Y un consenso que hizo posible la Transición Democrática. Aún así, hoy – cuarenta y tantos años después – algunos no lo tienen claro. Y por no tenerlo claro, queridísimos lectores, critican al Gobierno por poner en práctica el articulado constitucional. Una crítica, y disculpen por mi enfando,  basada en la demagogia. Y una crítica que se traduce en una falta de respeto a nuestras semillas del Derecho.

La pandemia, como saben, ha puesto en valor el Estado de las Autonomías. Algo que no sucedió en la primera ola y que supuso una ineficiencia en la gestión de los recursos públicos y privados. Deficiencia porque la asimetría territorial del Covid-19 hizo que comunidades como Murcia, por ejemplo, permanecieran confinadas, a cal y canto, a pesar de sus índices bajísimos de incidencia. Este confinamiento, orquestado desde arriba, no tuvo en cuenta la flexibilidad política que supone la delegación "ex lege" del poder ejecutivo. En esta segunda ola, el Gobierno ha gestionado la pandemia desde la comodidad que implica la configuración del poder territorial. Así las cosas, se ha evitado el confinamiento total de la población. Se han evitado los desequilibrios económicos innecesarios y se ha dotado a los poderes autonómicos de márgenes de maniobra. Esta actuación ha sido, duramente, criticada por las derechas. Las mismas que, en tiempos de Suárez, pactaron la Constitución. Y las mismas que confunden – en pleno siglo XXI – gobernanza con falta de gobierno.

Aparte de la pandemia, la Ley Celaá también ha puesto en valor el mandato constitucional. El Estado de las Autonomías trajo consigo el debate de las lenguas. Al parecer, la Constitución Española – consensuada por la mayoría de partidos hoy presentes, no me cansaré de repetirlo – destacó que en España, más allá de hablar Español, también hay otras lenguas arraigadas al territorio. Lenguas que vienen de antaño y que no se pueden silenciar de un plumazo. Son lenguas como el catalán o el euskera, por ejemplo, que forman parte de nuestra realidad geopolítica. Y son lenguas que la Carta Magna otorga el rango de cooficiales. Son por tanto, lenguas vivas y legítimas. Lenguas reconocidas "ex lege" y que, por tanto, suponen un derecho de la ciudadanía. Y lenguas que no son subordinadas o inferiores al español, sino que gozan del mismo estatus legal que este. Dado que la Carta Magna no reconoce la supremacía del castellano con respecto a las "otras". Resulta legítimo, y coherente, que el ciudadano elija la lengua que vehicule sus estudios.

La Transición supuso el paso de una España unionista a una España semifederal. Una España, la de ahora, vertebrada en diecisiete ejecutivos autonómicos. Diecisiete ejecutivos, como les digo, que deben actuar en lo local desde un guión general. Esta estructura territorial permite abordar, con mayor precisión, las diferencias, peculiaridades y controversias de cada territorio. Permite, como dijimos atrás, márgenes de maniobra que no se conseguirían actuando desde el "ordeno y mando" de arriba. Por ello, no resulta muy criticable que cada Comunidad gestione la Navidad con autonomía. Y no lo resulta, queridísimos amigos, porque la virulencia de la pandemia no es igual en Canarias que en Valencia, por ejemplo. Así las cosas, por cuestiones éticas, sería injusto que pagasen justos por pecadores. Y sería muy injusto que comunidades, con pocos casos de Covid-19, tuvieran las mismas restricciones que otras con muchos casos. Los mismos políticos que claman una España unionista, o mejor dicho, sin autonomías deberían mirar a Europa. A una Europa, como saben, a dos velocidades que desde Bruselas aplica el mismo rasero a países diferentes.

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1 COMENTARIO

  1. Juan Antonio

     /  20 diciembre, 2020

    Nuestro país no tiene remedio, o mejor dicha nuestras derechas que a pesar de haber pasado 45 años de la muerte del dictador, no han asumido nunca que la democracia debe imperar en España. La izquierda o mas bien el POSE tampoco ayuda a ello.

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  • SOBRE EL AUTOR

  • Abel Ros (Callosa de Segura, Alicante. 1974). Profesor de Filosofía. Sociólogo y politólogo. Dos libros publicados: “Desde la Crítica” y “El Pensamiento Atrapado”. [email protected]

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