Quién nos iba a decir, allá por enero del 2020, que las imágenes de Wuhan – confinamientos, gente con mascarilla y miles de fallecidos -, las tendríamos en nuestros pueblos. Ni siquiera Fernando Simón, experto en pandemias, era consciente de la magnitud del problema. Un problema – el Covid-19 – que invadió nuestras fronteras y nos robó los abrazos, los besos y las aglomeraciones. Nos robó a nuestros mayores. Y nos colocó desnudos ante el campo de batalla. Sin el escudo de la certidumbre y sin una vacuna que venciera, de una vez por todas, al enemigo. Ante este clima, de ansiedad y frustración, el Gobierno decretó el estado de alarma. Un estado más ágil de tramitar que el estado de excepción. Y un Estado que permitía la posibilidad de prórrogas más allá de la única permitida por el de excepción. En aquel momento, imperó el sentido común. Prevaleció lo sanitario sobre lo económico. Y lo simple sobre las complejidades legales.
El primer estado de alarma contó con la aprobación de las derechas. Unas derechas que remaron con el Gobierno ante un mar embravecido. Que aplaudieron a las médicos desde miles de balcones. Y que demostraron tener talante de Estado. Talante de consenso en momentos difíciles. Y talante y luces largas para avistar el horizonte. Unas luces que se apagaron en mitad del camino. El buenismo del hemiciclo se transformó en caceroladas, manifestaciones callejeras y reproches al Gobierno. Reproches por las prórrogas del estado de alarma. Reproches por la supuesta "opacidad" de los datos. Y reproches por no considerar los efectos colaterales de los toques de queda, confinamientos y demás medidas al unísono. Fue en ese escenario, de luces apagadas, donde Vox interpuso el recurso contra el estado de alarma. Un recurso que hoy, el guardián constitucional, falla a favor de Abascal. Al parecer, el Gobierno de Sánchez debió utilizar la figura del estado de excepción en lugar del estado de alarma. Una figura, según el TC, más acorde con la situación y menos lesiva con los Derechos Fundamentales.
Hoy, a toro pasado, la sentencia del Constitucional otorga la razón a Vox. Una razón, respetada por la sociedad, pero criticada desde foros intelectuales y parte de la opinión pública. Criticada porque, de alguna manera, mancha la imagen del Gobierno en las cabeceras internacionales. Y criticada porque no toma en consideración las miles de vidas que se salvaron como consecuencia de la misma. Más allá de lo inconstitucional de la medida, la actuación del Gobierno fue tomada dentro de un escenario de incertidumbre y urgencia. Una urgencia que prevaleció sobre los obstáculos que suponía la aprobación previa, de un estado de excepción, por el Congreso. Por un Congreso multipartidista, enfrentado y dividido por cuestiones prepandémicas, tales como la cuestión territorial y la Ley Celaá, entre otras. En esa coyuntura de crispación política, catástrofe hospitalaria y miles de fallecidos, el Gobierno optó por el estado de alarma. Un estado que no requería tanta burocracia parlamentaria y permitía su prórroga por razones sanitarias. Será el juicio histórico quien decida el valor ético de la sentencia.
Juan Antonio Luque
/ 19 julio, 2021Es evidente que es una sentencia política y no jurídica, sino todos los magistrados hubiesen estado de acuerdo. Bajo mi punto de vista este tribunal no debía de haber aceptado ésta demanda proveniente de un partido político que voto a favor del estado de alarma. Pero ya sabemos quién manipula a esta gente y de donde salieron.
Amparo Serrano
/ 19 julio, 2021Tengo la impresión que la vida humana carece de valor. «Salvemos la hostelería,el verano…» Ahora se declara ilegal el Estado de Alarma. Igual soy una «malpensada» pero cada vez tengo más claro la razón de la inacción del PP para realizar la renovación del Poder Judicial. Luego veo la figura de la Justicia, con su balanza y su ceguera …y me dan ganas de llorar, de verdad.