El otro día, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TSUE) confirmó que la Ley de Amnistía – aprobada por el PSOE y sus socios de Gobierno – no vulnera los intereses económicos ni las normas comunitarias. Este veredicto remueve el debate sobre los argumentos a favor y en contra de la norma. Entre los que están en contra – PP, Vox y CC – defienden que esta ley no responde al interés general sino a un interés partidista. Un interés cuyo fin fue garantizar la investidura de Sánchez. También, critican que la Ley vulnera el derecho de igualdad, garantizado por la Constitución. La aplicación a la Amnistía supone agravios comparativos entre el tratamiento de los delitos. También, la norma ataca la separación de poderes. Existe una intromisión del poder legislativo en los dictámenes del poder judicial. Y, por último, critican que el perdón no exige un arrepentimiento público por parte de los amnistiados. Esto supone un riesgo de vuelta a las andadas.
Estas sombras, contrastan con la otra cara de la moneda. Los defensores de la ley – PSOE, Sumar y el resto de los socios nacionalistas – ven el vaso medio lleno. Para ellos, la Ley de Amnistía sirve para garantizar la convivencia política y la paz nacional. Gracias a la ley, se apagan los troncos del conflicto catalán. Argumentan que la norma es conforme a la Constitución. La Norma Suprema no prohíbe expresamente la amnistía. De hecho, en España, ya se aplicó la amnistía en 1977 durante la Transición democrática. También, la ley – en estos momentos – cuenta con el aval del TSUE. Finalmente, consideran que la ley permite una desjudicialización de los procesos masivos. Así las cosas, la izquierda gobernante se muestra a favor de una ley que sirve como instrumento de paz. Un instrumento que permite la convivencia civilizada en las tierras catalanas y resto del país. Llegados a este punto, debemos reflexionar en medio de la encrucijada.
El perdón no resarce el daño causado. El daño causado por el Procés no se resuelve por la amnistía. Mientras la herida escueza, el perdón del agresor consuela, pero no evita el dolor del sangrado. Así las cosas, la amnistía no realiza un borrón y cuenta nueva en términos absolutos, sino que suscita miedos y temores de cara al futuro. Miedo a que resurja la llama independista. Miedo a que los independistas – exonerados de responsabilidad penal – vuelvan al relato de antaño. Un relato que se convertiría en monotema y serviría de cortina de humo ante otros temas de calado. La amnistía supondrá una polarización del discurso político entre la izquierda y la derecha. La hipotética vuelta de Puigdemont supondría el ejercicio de un liderazgo fuerte. El regreso del "Mesías" activaría el voto emocional; un voto útil para el interés nacionalista. Llegados a este punto, la determinación del TSUE abre el melón de la discordia, rompe el paréntesis de silencio y sitúa a Cataluña, otra vez, en la protagonista de la mañana. Esperemos que los errores del ayer no se cometan en la España de hoy. Atentos.










