El otro día, un periodista – lector del blog desde hace años – me pedía una pieza sobre la amnistía. Hoy, tras conocer la expulsión de Nicolás Redondo de las filas socialistas, he reflexionado al respecto. Nunca, por mi carácter controvertido y, en ocasiones, contradictorio, he militado en ningún partido. Pienso que mi "pack mental" no se ajusta, al cien por cien, al pack de ningún partido. Y ello, lo digo, en vísperas de la investidura. La amnistía borra la huella del delito. Estamos ante un recurso político – y "jurídico" – que permite la retroactividad de la presunción de inocencia hasta momentos previos del hecho causante. De tal manera que una hipotética "condonación de la deuda" a los artífices del “procés”, supondría un borrón y cuenta nueva. Estaríamos ante una "cosa" no juzgada y, por tanto, susceptible de ser encausada ante futuros desvíos. Hoy, el dilema moral, que tiene el PSOE no sería tal si pidiera consejo a Maquiavelo.

El pacto con Junts lleva consigo la firma de un contrato con cláusulas de supuesta ilegalidad. Si fuéramos juristas, diríamos que estamos ante un documento nulo. Tanto el referéndum para decidir la independencia de Cataluña como la amnistía de los acusados por la declaración, ilegal, de independencia son dos condiciones de dudosa constitucionalidad. Tanto es así que el partido de la rosa está dividido entre quienes defienden un "sanchismo" a cualquier precio y quienes – como Felipe González, Alfonso Guerra y Nicolás Redondo, entre otros – critican el mismo por la injustificación de sus medios para la consecución de sus fines. Hoy, la historia sería otra, si el PSOE y el PP alcanzasen un pacto de Estado. Dicho pacto alejaría de los sillones a quienes abusan de sus minorías. A quienes piden la "luna" sin tener en cuenta el coste de su alcance. La Ley Electoral establece, como sabemos, que el Gobierno viene determinado por la geometría del Congreso. El Ejecutivo no lo ostenta quienes ganan las elecciones, sino quienes consiguen el aval de la cámara para empuñar el cetro de la Moncloa. Otra cosa, bien distinta, sería el gobierno de la lista más votada. Aún así ese gobierno chocaría – en caso de no ostentar la mayoría absoluta – con hemiciclos compuestos por mayorías alternativas que gobernarían en la sombra.

La convocatoria de elecciones sería una alternativa. Por un lado, evitaría un pacto antinatura y por otro, cortaría las alas a los nacionalistas. Una nueva cita con las urnas tampoco garantizaría un escenario muy diferente al que tenemos. Escaño arriba, escaño abajo, los independentistas – salvo una mayoría absoluta de cualquier partido de centro – seguirían con la llave de palacio. Una llave que nos haría pasar – como lo llevamos haciendo durante cuarenta años de democracia – por su aro. Luego, Sánchez está en la encrucijada. Si no pacta con ellos, corre el riesgo de que – tras una supuesta cita electoral – el PP gobierne con la ultraderecha. Algo que enojaría a una parte del electorado socialista. No olvidemos que en el seno del PSOE hay una buena parte de simpatizantes que apoyan la amnistía. La amnistía, por mucho que nos cueste asumirlo, ha sido utilizada por otros gobiernos. Rajoy promovió una amnistía fiscal diseñada por Montoro. Una amnistía que fue declarada nula por el Tribunal Constitucional. Así las cosas, lo más sensato sería que las negociaciones de una posible investidura cabalgasen dentro de la legalidad vigente. Si no se hace, si se cede ante las exigencias de los independentistas, Rousseau, Voltaire y Montesquieu no tendrán sentido en el siglo XXI.

En España, se lo decía ayer a Peter, hace falta una alfabetización democrática. En los institutos se secundaria, no se aborda, con precisión, el periodo que abarca desde la Transición hasta nuestros días. Se habla del franquismo pero no se realiza un estudio de los diferentes sistemas políticos que existen en el mundo, sus características y sus críticas. Tanto es así que la mayoría de los adolescentes cuentan con un exceso de información – consumida a través de las redes sociales – pero les falta formación política. Y les falta, queridísimos lectores, porque muchos no saben cómo se elaboran las leyes. Y para más inri tampoco saben cuál es el procedimiento legal para investir a un presidente del Gobierno. No comprenden que, en la democracia, "ganar las elecciones" ni es condición necesaria, ni suficiente para gobernar el país. Así las cosas, en los mentidores de la calle, la gente habla de oídas. La gente confunde legalidad con legitimidad y exige, en ocasiones, que se cumplan utopías que atentan contra las reglas de juego. Este analfabetismo sistémico sirve, a su vez, al tejido mediático para construir relatos que apelan a la pseudomoralidad en detrimento de la legalidad. Estamos ante una partida donde los jugadores – sin conocer de buena tinta el Reglamento – critican al árbitro y cuestionan el resultado.

Felipe VI, en su discurso de investidura (allá por el 2014), hablaba de "una monarquía renovada para un tiempo nuevo". La irrupción de nuevos partidos – como Ciudadanos y Podemos – rompía el sistema bipartidista y abría el multipartidista. Un sistema, este último, cuya ventaja recae en la proporcionalidad. Y cuyo inconveniente, o crítica política, reside en la lentitud para llegar acuerdos. Acuerdos que, transformados en leyes, representan, en mayor medida, el interés general. Un interés que se aleja de la polaridad bipartidista y, al mismo tiempo, de los juegos de suma cero. Juegos más cercanos al sistema de EEUU donde sí tiene sentido hablar de ganadores y perdedores. Esa lentitud y tensión que supone llegar a mayorías consensuadas se traduce, en ocasiones, en crispación política y en "el prejuicio de la ingobernabilidad". Por ello, para salir de este atolladero, algunas voces relevantes – como Felipe González y Mariano Rajoy, en su día – hablan de "dejar gobernar a la lista más votada". Una lista que por determinación sociológica e histórica recaería, siempre, en el PP y el PSOE. Lejos quedarían las voces minoritarias, en este caso las marcas nacionalistas y radicales. Estaríamos ante un bipartidismo – o turnismo, que diría Galdós – ineficaz en la práctica legislativa. Ineficaz porque tropezaría con las mayorías parlamentarias necesarias para la aprobación de las leyes. Estaríamos, por tanto, ante una "mayoría virtual" que en el hemiciclo se traduciría en una "minoría real".

La partidocracia se halla en la encrucijada. Se halla, como les digo, entre la obligación de llegar a pactos o convocar nuevas elecciones. Tales elecciones servirían de poco. Escaño arriba, escaño abajo, seguiríamos ante un tablero multipartidista y condenado a negociar. Las fuerzas menos votadas son, y valga la paradoja, las fuertes en ausencia de rodillos. En este caso, Puigdemont tiene la ficha que determina la partida. Su movimiento se atisba como una jugada sadomasoquista que atenta contra la coherencia de quienes, en su día, proclamaron de forma ilegal "la República Independiente de Cataluña". Otro pacto sería una "gran coalición" a la alemana. En este caso, estaríamos ante una desfachatez intelectual por parte de Feijóo. Abrazar al sanchismo sería algo así como un tributo al cinismo y la demagogia. Implicaría un incendio, en toda regla, en las bases de Génova, una crísis de liderazgo y castigos en próximas citas electorales. Por ello, cualquier pacto se atisba como inmoral. Inmoral porque la política, sin principios, se convierte en una Atenas de sofistas, donde la verdad no es más que un cúmulo de opiniones.

A lo largo de mi vida, he aprendido que más vale pájaro en mano que cientos volando. O dicho de otro modo, la victoria se celebra cuando se cruza la línea de meta. Ayer, contra todo pronóstico, la izquierda sacó más votos y escaños de los esperados. Frente a todo el arsenal de política barata, orquestado por las derechas, el sanchismo no salió tan mal parado como anunciaban las encuestas. Ni el "que te vote Txapote", ni el Falcon de Sánchez, ni siquiera la Ley Trans, la ley del "sólo sí es sí" ni la Ley Celaá, entre otras, sirvieron para que Feijóo botara con los suyos en el balcón de Génova. Aunque las elecciones las haya ganado el Partido Popular no lo tiene tan fácil para gobernar. Y no lo tiene, queridísimos amigos, porque el pactómetro necesita al PNV para que la suma aritmética arroje el número necesario. Un pacto complicado porque dentro de los sumandos están las siglas del Abascal. No olvidemos que Vox se proclama como antinacionalista e incluso aboga por una España unitaria y alejado del Estado de las Autonomías. Así las cosas, un pacto antinatura de este calibre sería algo así como mezclar el tocino con la gasolina.

Más allá de las dificultades de Fejijóo para ser investido presidente, están los obstáculos de Sánchez. Aunque las siglas socialistas hayan salvado los muebles, no arrojan un resultado suficiente para seguir en La Moncloa. El manual de resistencia necesita a sus exsocios de legislatura para continuar con la silla. Y entre las diferentes combinaciones, la más factible sería un pacto entre fuerzas progresistas y nacionalistas. Pacto cuya viabilidad pasaría por la abstención de Junts per Catalunya, el mismo partido que fundó Puigdemont. Un partido cuya abstención no sería un cheque en blanco sino a cambio de una revaloración de la causa catalana. Revaloración que pasaría, y estamos con las hipótesis, por la aprobación de un referéndum en Catalunya y el indulto de su líder. Aún así, ERC no ha obtenido rédito electoral tras su viaje con el sanchismo. La pérdida de la mitad de votos pon en jaque una investidura de Pedro favorecida por Junts. Este pacto, basado en la abstención de un partido nacionalista, sería más posible que el de Feijóo. Y lo sería porque analizados los costes y beneficios, la moralidad de los pactos no ha sido tan castigada en las urnas como se esperaba.

Otro pacto, utópico por supuesto, sería una alianza a la alemana. Sería un pacto antinatura entre PSOE y PP. Esta suma posible pero poco probable dejaría fuera del tablero a las fuerzas extremistas y nacionalistas. Evitaría las compensaciones a las Autonomías, la radicalización de las leyes y la polarización. Esta tercera vía tendría sus efectos negativos en el medio plazo. Y los tendría porque encendería la llama de los extremos, las movilizaciones en Catalunya y la crispación social. Aún así, se necesitaría mucha pedagogía para pasar de una partidocracia a una estadocracia. Por ello, y porque en este país no hay cultura de pactos antinatura, este macropacto se presenta como una alternativa poco viable y fantasiosa. Así las cosas, y ante los escollos para formar gobierno tanto por parte de la izquierda como de la derecha, la última posibilidad sería la convocatoria de nuevas elecciones que desbloqueasen, o no, el embudo. Unas elecciones que favorecerían al sanchismo porque la estrategia de la derecha – del antisanchismo – se ha demostrado que no ha sido tan efectiva como se preveía. Llegados a este punto de la partida solo que esperar qué ficha mueven los partidos nacionalistas.