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El Estado sin Derecho

El pasado lunes – tras la celebración del referéndum – recibí un correo de Jesús, un periodista español afincado en Canadá. Quería saber, cuál era mi opinión acerca de la contienda catalana. Me decía que necesitaba escribir un post sobre Quebec y Catalunya. Un artículo, como les digo, que comparara ambas realidades dentro del marco de la globalización y el populismo. Me comentaba que la prensa de su país había puesto a parir a Rajoy. Lo había puesto, queridísimos lectores, por los actos de violencia que se vivieron contra los "pseudodemócratas". Digo "pseudos” porque el "querer votar" es condición necesaria, pero no suficiente para la legitimidad democrática.

Catalunya – aparte del sentimiento nacionalista y las ansias separatistas de una parte de la población – se rige por la Constitución y el Estatut. Dos marcos jurídicos, "similares" en todas las comunidades, que regulan el carácter híbrido de nuestro sistema: unionista, por un lado, y autonómico por otro. Con tales reglas de juego sobre la mesa, ninguna región está legitimada para convocar un referéndum; salvo que se reformara la Carta Magna y donde "dije digo, ahora digo Diego". Algo tan sencillo de entender se ha convertido, a día de hoy, en la caja de Pandora. Tanto es así que algunos intelectuales de renombre han confundido libertad con libertinaje. Han confundido, como les digo, la democracia con un "Estado sin Derecho", donde el ejercicio del sufragio prevalece sobre los determinismos legales.

El Gobierno, como decía Weber – sociólogo alemán – ostenta el uso legítimo de la violencia. Un uso, consentido por los hombres, para garantizar la paz ante las amenazas del entorno. Sin esta herramienta, el Estado no tendría la fuerza necesaria para apagar los troncos que arden dentro y fuera de sus fronteras. Así las cosas, las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado son las responsables de usar y administrar la violencia; en proporción a la gravedad delictiva y dentro, faltaría más, de los cauces legales. Es precisamente, la dosis de violencia administrada a una situación determinada, la que pone en solfa la actuación policial del pasado domingo. Una actuación para unos abusiva – los que critican la sobreactuación de la Guardia Civil y la Policía Nacional – y para otros pasiva – los que critican la “actuación blanda” de los Mossos d'Esquadra -.

Aparte del comportamiento policial – actitud que tendrán que juzgar los jueces y tribunales -, la lectura del 1-O es algo más que el freno estatal a un referéndum ilegal. Lo es, estimados lectores, porque más de uno – y más de dos – está confundiendo el Estado de Derecho con la intimidad de las ideologías. Digo esto, porque se está creando en la opinión pública una serie de argumentos carentes de sentido. Tanto es así que algunos identifican el respeto al Estado de Derecho con la dictadura y, votar – sin respetar la legalidad vigente – con la democracia. Votar, lo he comentado en más de una ocasión, es un derecho determinado por la legitimidad de su contexto. La votación es un derecho esencial de los sistemas democráticos. Un derecho que necesita unas condiciones legales para la garantía de su ejercicio. Sin tales condiciones, su ejercicio se convierte en una vulneración contra las reglas de juego. La misma que comete un conductor cuando, por hache o por be, se salta un stop o un semárofo en rojo.

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2 COMENTARIOS

  1. Juan José

     /  5 octubre, 2017

    Con la diferencia, añado yo, de que saltarse un semáforo es una infracción si solo queda en eso, pero si se atropella a un peatón, entonces hay delito. Y aquí se han cometido algunos atropellos a la legalidad que a todos nos obliga. De momento, la convivencia la tenemos en la UCI, a la espera de ver si la mandamos a rehabilitación y que siga andando, aunque renquee, o la enterramos.

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  2. Interesante artículo…

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