De juicios y manadas

La sentencia de La Manada ha caído como un jarro de agua fría en los mentideros de la calle. Las líneas que separan el abuso de la violación han descosido las costuras de las togas. Hoy, por primera vez en su historia, la Hispania de Rajoy ha sido portada internacional por sus manifestaciones contra el poder judicial. Unas manifestaciones que cuestionan el Estado de Derecho y ponen en tela de juicio la profesionalidad de las balanzas. Desde la crítica debemos reflexionar sobre el asunto, más allá de la carga emocional de los gritos y pancartas. Como decíamos ayer en "de juicios y verdades", la justicia es subjetiva. Y lo es, queridísimos lectores, desde el momento en que los jueces interpretan y aplican las leyes con los mimbres de sus mentes. Las leyes, que se cocinan en los fogones de la aritmética parlamentaria, son el resultado de la soberanía popular. Una soberanía que determina el ordenamiento jurídico desde que existe el Estado liberal.

Los jueces son los intermediarios entre los hechos y el derecho. Las togas, decía el sastre mientras las cosía, están confeccionadas con las agujas del Congreso y los hilos de La Moncloa. Son precisamente las normas aprobadas, conforme al procedimiento establecido, las que determinan el sino de las sentencias. El sesgo ideológico y la ambigüedad discursiva de las leyes influyen en la calidad de los veredictos. La fiabilidad de la justicia no es otra que la emisión de fallos similares por togas antagónicas. La prohibición de juzgar dos veces una misma cosa impide a la crítica verificar la fiabilidad de la balanza. Los preceptos utilizados por los magistrados para edificar el muro de La Manada adolecen, al parecer, de la claridad discursiva e imparcialidad ideológica para la satisfacción colectiva. Medir el consentimiento de una violación es tan difícil como saltar una línea en el rodapié de una pared. El miedo ante un mal mayor y el carácter de la victima influyen en la crisis de una violación. Influyen hasta tal punto que el silencio se convierte en el grito amargo de los mudos.

En cualquier democracia, el pueblo tiene derecho a manifestar su indignación contra los poderes del Estado. Aunque la sociedad civil no sea experta en derecho, lo cierto y verdad, es que por encima de las togas existe el sentido común. Un sentido basado en la intuición razonada y la conformidad universal. Los abusos de poder y los atentados contra los derechos fundamentales son, entre otros, ejemplos del derecho natural. Un derecho que en España y en Pekín entiende el común de los mortales, más allá de las peculiaridades culturales. Así las cosas, miles de ciudadanos han dicho "no" al fallo de La Manada. Y lo han dicho porque atenta contra el sentido común. Un sentido que deja en paños menores la mediocridad del Código Penal en materia de abusos y violaciones. Aparte de criticar las sentencias judiciales; la intelectualidad debe mirar a los padres de las normas. Padres, en ocasiones, injustos con sus hijos; que barren para unos en detrimento de los otros. Mientras no se corrijan los sesgos ideológicos y las ambigüedades legales; la soberanía popular cuestionará, alguna que otra vez, la fiabilidad de las balanzas.