Los antojos de Rosell

En febrero del 2012 se aprobó, como ustedes recordarán, la reforma laboral de Fátima Báñez. Una reforma, les decía, que desmanteló el Estatuto de los Trabajadores y le costó dos huelgas generales al gobierno de Rajoy. El texto modificó y eliminó de un plumazo la mayoría de los derechos logrados por los agentes sociales desde los tiempos progresistas. La prestación por desempleo se recortó en un diez por ciento, a partir del sexto mes de duración; los despidos colectivos no necesitaron el visto bueno "a priori" de la Administración Laboral para su ejecución; el preaviso empresarial para un despido por causas objetivas se redujo en quince días;  se creó un nuevo contrato laboral de carácter indefinido para emprendedores con un periodo de prueba obligado de un año; se otorgó mayor libertad a los empresarios para modificar las condiciones sustanciales de los contratos y, se admitió como causa de despido objetivo "la disminución de los ingresos empresariales durante nueve meses consecutivos". En fin, la escoba de la derecha barrió para los portales de la patronal en detrimento de los proletarios del PP.

Hoy, algunos periódicos afines a la caverna mediática han destacado, en sus páginas "salmón", el documento que ha preparado la patronal para el ministro de Economía, Luis de Guindos. En dicho informe, las filas de Rosell proponen al gobierno de Rajoy una nueva reforma laboral para antes de que finalice la legislatura. Una reforma, les decía, de corte liberal y más radical que la aprobada hace dos años. La nueva perla de la CEOE insta al Ejecutivo a que amplíe "el periodo de prueba obligado de un año" a todos los contratos indefinidos, sean o no de emprendimiento. Dicha propuesta implica, queridos lectores y lectoras, un arma de doble filo para las balanzas laborales. Por un lado, el empresario contaría con un instrumento legal para despedir gratis durante el primer año de contrato, luego ello supondría un estímulo para la contratación y la reducción del paro. Por otro lado – y ésta es la cruz de la medida – los trabajadores perderían el derecho a su indemnización de 33 días por año de servicio, en caso de ser despedidos al año, de forma improcedente.

Otro antojo de Rosell y, reflejado en el informe de la patronal, es aumentar la temporalidad. El presidente de la CEOE propone la firma de contratos inferiores a dos años sin la condición de especificar la causa de los mismos (circunstancias de la producción, obra o servicio determinado…), así como "eliminar las restricciones al encadenamiento de los mismos". Más temporalidad y, por tanto, menos estabilidad son sinónimo de más "precariedad". No olvidemos que el principal problema del mercado laboral español es su dualidad. Gracias a la alta tasa de temporalidad en perspectiva comparada con Europa, el tejido empresarial español ha podido deshacerse de su "mercancía laboral" durante el tránsito de la crisis. Esperar a que finalicen los contratos es garantía de flexibilidad organizativa para navegar por las aguas turbulentas del entorno económico pero, también – todo hay que decirlo –  es garantía de  una "patada en el culo" – perdón por la expresión -,  para millones de empleados que a la más "mínima de cambio" se ven de "patitas" en la calle y haciendo cola en el paro.

La patronal, también, propone a Guindos que potencie el contrato a tiempo parcial. Para ello, Rosell invita a que los contratos a tiempo completo, susceptibles de despido, puedan reconvertirse en documentos a tiempo parcial, por el "artículo 13" del "ius variandi" empresarial. Conclusión: más facilidades para despedir, más temporalidad y más parcialidad, es justo lo contrario que necesitamos para que la norma de consumo cambie de sentido. Para que haya consumo pesado – casas y automóviles -, estimados señores de la patronal, es necesario que se cumplan tres condiciones simultáneas. La primera: "salarios dignos", que permitan al empleado cubrir las necesidades básicas de comida, vestido, desplazamiento y seguridad. La segunda: confianza. Confianza en forma de estabilidad laboral – contratos indefinidos sin la zancadilla del periodo de prueba – para que el crédito vuelva a fluir. La tercera: un Estado del Bienestar; que garantice la continuidad de las obligaciones de pago de los trabajadores ante contingencias coyunturales (enfermedades y accidentes). Actualmente, en el mercado laboral español no se cumplen ninguna de las tres premisas anteriores. No tenemos un "salario digno" sino un SMI de 645.30 euros al mes, congelado desde el año 2013. El fomento de la temporalidad y la parcialidad no ofrecen la confianza necesaria para que vuelva a fluir el crédito. Y, por último, el desmantelamiento del Estado del Bienestar, por parte de la derecha, hace que cada día, "los proletarios" tengan – tengamos – que recurrir a familiares y allegados para hacer frente a las deudas con los bancos.