Guardamar del Segura es un pueblecito turístico situado al sur de Alicante, a diez kilómetros de Torrevieja. Durante el invierno no hay ni un alma por sus calles pero, en julio y agosto, el pueblo se transforma en una ciudad cosmopolita de biquinis y bermudas. Lo peor de Guardamar – dicen las señoras, al calor de sus sombrillas – son sus playas. "No es raro el verano- afirmaba doña Juana – que tres o cuatro bañistas pierden sus vidas ante sus olas traicioneras". La bravura de sus aguas; los remolinos internos y la confianza de algunos en el disfrute de su baño son, entre otras, las razones que explican tales infortunios. Tanto es así, que hace unos años presencié cómo un señor, de unos sesenta años, luchaba con sus brazos para llegar a la orilla. Recuerdo que era un domingo de agosto, a eso del mediodía, cuando a lo lejos vimos – mi familia y yo – aspavientos de socorro provenientes de poniente. En ese preciso momento, de angustia e impotencia, el señor que estaba junto a nosotros no se lo pensó dos veces y nadó contracorriente para salvar al señor que se ahogaba. Después de diez minutos luchando contra la muerte, nuestro vecino de toalla, consiguió sacar sano y salvo al bañista. Tras conversar con el héroe de la playa, nos confesó que era guardia civil y que dentro de sus funciones estaba: servir al ciudadano por encima de su vida. Aquellas palabras me impactaron tanto, que mi actitud ante los tricornios de Hispania cambió hasta hace escasos días.
Hasta hace escasos días – decía en el párrafo de arriba – defendía, a "bombo y platillo", en cualquier bar de mi pueblo a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Los defendía hasta que Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior, admitió el pasado jueves – en el Congreso- que "sí", que "sí se dispararon bolas de goma en Ceuta", lugar donde murieron 14 inmigrantes ahogados. A día de hoy, a pesar de la afirmación del susodicho no ha rodado ninguna cabeza por lo sucedido; ni siquiera la del director de la Guardia Civil y, muchísimo menos, la del Delegado del Gobierno en Ceuta. No han dimitido, ni probablemente lo harán, porque, como todos sabemos bien, en este país, de burócratas y "comodones", no dimite ni Dios. Lo peor de todo esto, es que: si en lugar de "inmigrantes negros", hubiesen sido señores como el de "Guardamar del Segura", probablemente en lugar de recibir pelotas de goma para "rematar la faena", habrían sido rescatados y trasladados hasta la orilla. Pero, desgraciadamente eran "negros e inmigrantes" en aguas "ilegales"; asustados como gatos; luchando contracorriente en la oscuridad de la noche y, todo ello, por "ganarse la vida". Por eso, se les disparó pelotas de goma con "carácter disuasorio" desde las rocas de enfrente.
Así las cosas, "Bruselas – según reza el titular de El País, amenaza a España con un expediente por disparar pelotas de goma". Las mismas bolas que "su-pu-es-ta-men-te" impactaron con el ojo izquierdo de Ester Quintana – en la huelga del 14-N – e hicieron que lo perdiera. Son, precisamente, las 14 muertes de Ceuta y casos como el destacado, los que invitan a la crítica a denunciar el uso de tales "pelotas" por los "tricornios" de Mariano. El uso legítimo de la violencia, en este caso la utilización de bolas de goma por parte de guardias y policías, entraña dos perjuicios subsanables para el resto de los mortales. El primero: el descontrol de la trayectoria. Desde el instante en que la pelota sale proyectada de la escopeta, el tirador pierde el cotrol de su recorrido. El aire y la física del movimiento impiden al policía – en la mayoría de las veces – controlar el objetivo exacto de la pelota. El segundo: los daños producidos. A la perdida de control, por las probables desviaciones en la trayectoria de la bola, hay que sumarle: los daños indeseados a terceros. Terceros, o dicho de otro modo, ciudadanos de a pie que se hallan en el escenario de la batalla y sufren injustamente las heridas de la bola.
Lo más grave de todo este desaguisado es la supuesta transgresión de los Derechos Fundamentales por parte de los Cuerpos de Seguridad del Estado. La llegada de inmigrantes ilegales a las costas españolas nunca debe ser gestionada al margen del Estado de Derecho. Nunca, y lo digo con toda runtundidad, porque la Constitución garantiza, en su articulado, los derechos sin ningún tipo de dis-cri-mi-na-ción por razón de raza, sexo e ideas. Por ello, no es admisible y, por tanto denunciable, el trato desigual que recibieron seres humanos a nado, por el simple hecho de sus "circunstancias personales". Lo acontecido en Ceuta ha sido, desde la perspectiva de la crítica, una lección más de nuestras grietas democráticas. Mientras a Rajoy se le llena la boca cuando habla de la "marca España", en Bruselas, y en casi todas las portadas internacionales, nos ponen "a parir" por el uso “cuartelario”, que algunos hacen del uso legítimo de la violencia. La misma violencia que cada día es más "injusta y desproporcionada", desde que la Ley de Seguridad Ciudadana se cocinó en los fogones de la derecha.
