Ayer, Peter estaba indignado. Le molestaba que el cuñado del rey estuviera de rositas en Ginebra y que, su amigo Alberto – toda una institución en El Capri – se hallara entre barrotes por robar cinco gallinas. Resulta inadmisible que el dinero y las influencias sociales manden tanta romana en la Hispania del ahora. No es normal que un jurista – en referencia a Manuel López Bernal, ex fiscal saliente de Murcia – denuncie haber sufrido "intimidaciones" en la defensa de su toga. No es normal que este señor dijera que ha sufrido "presiones" como "las de la mafia de los años 20". Y es mucha casualidad – me decía Peter – que este señor, haya sido sustituido por otro fiscal tras la imputación de Pedro Antonio Sánchez, presidente de la Región de Murcia. ¿Dónde está la separación de poderes?, en la mente de millones de idiotas, que ignoran cómo se mueven los hilos en las altas esferas.
Aunque el suegro de Iñaki dijera que "la ley es igual para todos", a veces pienso que en este país hay dos varas de medir; una para "los de abajo" y otra para "los de arriba". Ya lo sé que no soy jurista pero, como crítico de a pie, no considero "ejemplarizante" – por mucho que indignara a Rajoy esta expresión en su entrevista con Piqueras – que Diego Torres e Iñaki anden sueltos por la calle. A pesar de mi respeto por las decisiones judiciales, faltaría más, lo que me preocupa de este asunto es la fiabilidad judicial. Entiéndase por "fiabilidad" a la probabilidad de que cualquier investigación arroje los mismos resultados sea cual fuere los investigadores. Dicho en términos sanitarios, la fiabilidad de un "análisis de sangre" sería que los resultados fueran los mismos, con independencia de quien hiciera la analítica. Así las cosas, la fiabilidad de la justicia reside en la probabilidad de que un fallo judicial sea el mismo con independencia de la toga.
Si en lugar del juez A, hubiese sido el B: ¿qué habría sido del futuro de Diego e Iñaki hasta que el Tribunal Suprema hiciera firme la sentencia? Es, precisamente, esta cuestión y no otra, la que pone en jaque a la "fiabilidad judicial". Un fiabilidad en bancarrota, si tenemos en cuenta que los jueces aplican e interpretan la ley. Aplican leyes políticas e interpretan las mismas con los ojos que las miran. Así las cosas, queridísimo Peter, la justicia es subjetiva. Lo es por mucho que los jueces actúen con principios y evidencias disponibles. Lo es, porque detrás de cualquier toga existen ideas religiosas, progresistas, conservadoras, feministas y futboleras. Las hay porque las interpretaciones son opiniones y, opiniones hay tantas como estrellas en el cielo. Por todo ello, hay jueces que sufren en silencio "presiones" e "intimidaciones" por parte de poderes económicos, políticos y sociales.
Para evitar este sesgo, la justicia debería ser objetiva; algo totalmente imposible si tenemos en cuenta que el leguaje jurídico no es científico y que "el hecho" va antes que "el derecho". Por ello, por mucho que algunos jueces saquen pecho y digan que son objetivos, lo cierto y verdad, es que la lógica del sistema invita a lo contrario. Este mal inevitable hace que muchos ciudadanos tengan una actitud negativa ante la praxis judicial. Para evitar el sesgo de la fiabilidad, el sistema judicial establece la "casación de sentencias por parte del Tribunal Supremo, la recusación y la denuncia por prevaricación. Mecanismos, todos ellos, que tienen como fin evitar los abusos de poder y el clientelismo judicial. Aún así, la subjetividad judicial deja márgenes a la duda. La solución ideal sería un poder judicial inhumano; un poder orquestado por logaritmos matemáticos. Aún así, la justicia sería subjetiva. No olvidemos que el logaritmo judicial sería una invención de los humanos.
